Mariano Rajoy ha querido evitar una nueva crisis en el PP vasco. Eso le ha llevado a dejar en manos de Antonio Basagoiti --el sustituto de María San Gil al frente de esta organización--, la definición de las relaciones que en los próximos años quiere tener con los peneuvistas.

Así, será Basagoiti quien decida si, en el documento político que se llevará al congreso, se mantendrá o no el polémico párrafo que, redactado por San Gil, acusa al PNV de supuesta dejadez a la hora de combatir a ETA o si, tal y como piden algunos de sus compañeros de filas, se suaviza el ataque a los nacionalistas.

Por tanto, el recién elegido presidente del PP vasco tiene el visto bueno del líder para alcanzar un texto de consenso y, si es posible, limar asperezas entre defensores de la línea San Gil (ella anuncia que no irá al cónclave) y los que demandan moderación. De momento, él es partidario de no disgustar más de lo necesario al sector duro de su organización. O sea, retoques, pero pocos.

PACTOS CONTRARRELOJ Basagoiti busca, pues, un pacto contra reloj entre los enmendantes de este punto concreto de la ponencia y la dirección. El párrafo que salió de la pluma de San Gil dice: "El PNV condena el terrorismo pero, al mismo tiempo, todos sus actos desmienten sus palabras. Su actitud en relación a la lucha antiterrorista es siempre obstruccionista. No se puede decir que el PNV es partidario del terrorismo de ETA, pero sí podemos afirmar que no colabora en su derrota".

No obstante, compromisarios del PP de Vizcaya demandan que se reconozca en el documento político el compromiso "moral y ético" de numerosos militantes y políticos nacionalistas ante los terroristas. En este contexto, Basagoiti intenta cuadrar el círculo.

Pero hay más procesos de negociación de enmiendas abiertos. Incluso algunos con polémica se han cerrado. Ayer se llegó a acuerdo don Alejo Vidal-Quadras, Santiago Abascal, Eugenio Nasarre, Luis Fraga, Carlos Delgado y Vicente de la Quintana para incorporar a la ponencia política parte de sus ideas.

Se apostará por una reforma constitucional parcial que, entre otras cosas, sirva para blindar las competencias del Estado y evite "diferencias" entre españoles como las que, a su entender, favorece el Estatut. Se reclamará una reforma de la ley electoral o la defensa en la Carta Magna del derecho a utilizar el castellano en todos los niveles educativos.