El último cálculo de las balanzas fiscales promovido por una entidad privada, la Fundación BBVA, ha reavivado la reivindicación de que sea el Gobierno el que haga pública una estimación oficial sobre los saldos entre Estado y autonomías. En vano. Y eso que la negativa del Ejecutivo a difundir el déficit fiscal de las autonomías, confirmada ayer por el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, incumple el programa de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, que prometió en el Congreso facilitar "el acceso de los ciudadanos a la información de las administraciones" e "implantar la máxima transparencia en la gestión pública".
No era, ni mucho menos, una promesa lanzada a vuela pluma. En la oposición, el PSOE había denunciado la opacidad económica del Gobierno de José María Aznar, que los socialistas definieron como un "apagón estadístico". Entre la información que el PSOE exigía al Estado figuraban, precisamente, las balanzas fiscales. El compromiso del PSOE, recogido en su programa, incluso anunciaba una norma legal específica para garantizar la transparencia de las administraciones.
SIN ALTERNATIVAS Moraleda, portavoz oficial, adujo ayer que "el método de las balanzas fiscales no es el más adecuado" para cuantificar la solidaridad interterritorial, pero no ofreció alternativas. En privado, el Gobierno admite que divulgar la aportación las comunidades más ricas a los territorios más desfavorecidos desencadenaría agravios y entorpecería la futura negociación sobre la nueva financiación autonómica.
