Contra todo pronóstico, el PP votó ayer a favor de algunos artículos del proyecto de ley de memoria histórica, si bien los menos polémicos. Los conservadores aceptaron que se despolitice el Valle de los Caídos, al apoyar que en el recinto no se pueda exaltar al franquismo y que su fundación honre a todas las víctimas de la dictadura. Además, los populares avalaron los puntos que mejoran las ayudas que percibirán los represaliados. Aún así, el PP mantuvo el rechazo a una norma que considera "sectaria" y que "dinamita el consenso". Pese a ello, el proyecto pactado por PSOE e IU-ICV y que establece la ilegitimidad de las sentencias franquistas salió airoso de la Comisión Constitucional para ser debatido en el pleno del Congreso a finales de mes.

Por tanto, el acuerdo mediante el cual socialistas e IU-ICV lograron sacar de su letargo la semana pasada la polémica ley cosechó ayer más apoyos de los esperados, aunque todos los grupos excepto el PSOE pusieron sus reparos. El portavoz de IU- ICV, Joan Herrera, dejó claro que para su grupo el texto simplemente es "un punto de partida" y aclaró que su próximo caballo de batalla será que las víctimas dispongan de asistencia de oficio para solicitar la anulación de las sentencias franquistas. El PNV, por su parte, criticó que no se permita la devolución a Euskadi de documentos del Archivo de Salamanca. Y CiU alegó que la ley es "innecesaria" y que no reconoce que hubo persecuciones a nacionalistas.

PETICION DE LOS MONJES El grupo nacionalista catalán logró el apoyo del PP a una de sus enmiendas. CiU pidió que se transformara en disposición adicional el punto que habla de la fundación que gestiona el Valle de los Caídos. Según explicó el convergente Jordi Xuclà a este diario, los monjes benedictinos que la gestionan se pusieron "indirectamente" en contacto con su grupo para pedirles que les desligaran del "político" artículo 16.

De esta forma, este apartado, que fue aprobado de forma casi unánime, prohíbe que en el Valle de los Caídos se lleven a cabo actos que exalten la guerra civil o el franquismo. Y se suma una disposición adicional, que establece que la fundación debe "honrar a todas las personas fallecidas" por ambos hechos así como "fomentar las aspiraciones de reconciliación".

Además, la comisión aprobó, con los votos de todos los grupos salvo del PP, otras dos pequeñas modificaciones. La primera, la posibilidad de que los hijos y nietos de exiliados pidan la nacionalidad española, y la segunda, que el Gobierno facilite el acceso a las actas de defunciones. Como era de esperar, ERC mantuvo su rechazo frontal a la ley. Después de que sus 50 enmiendas fueran rechazadas, anunció que pedirá que sean debatidas en el pleno del Congreso.

Se prevé que la Cámara alta dé luz verde definitiva al texto a finales de este mes y que, si la tramitación no sufre más contratiempos ni prórrogas, entre en vigor antes de Navidad.