Afirma, con razón, Alfonso Guerra que la Constitución fue un Acta de Paz, y el consenso, la recopilación de las renuncias de todos los partidos.
Como resultado de aquel bloque de grandes acuerdos, España alcanzó los mayores niveles de prosperidad y desarrollo de toda su historia
Hoy estamos en un nuevo ciclo histórico y, desgraciadamente, los partidos, sus dirigentes y numerosos líderes sociales caminan en sentido opuesto. Los mensajes y los discursos son la recopilación de lo que nos separa, y solo marcando las diferencias, los desacuerdos y negando al adversario se sienten seguros.
Las mayorías absolutas es cierto que han producido algunos efectos perversos en el funcionamiento de la democracia, y que la crisis económica ha derivado en una sociedad descreída y angustiada ante el temor de un futuro pesimista para las jóvenes generaciones.
Pero la fragmentación que ha puesto fin al bipartidismo no puede ser patente de corso para la irresponsabilidad. En la larga travesía hacia una sociedad que recupere valores democráticos sólidos empecemos, al menos, por unas reglas de juego de mínimos.
Si las aplicamos al único debate de interés de esta campaña, los pactos pos electorales, habría que recordar que la voluntad popular está por encima de la gestión que los partidos hagan de los resultados y que esta voluntad se traduce en que o hay una mayoría absoluta en torno a un candidato o hay que facilitar la investidura del ganador de las elecciones.
Si no hay mayoría absoluta, el partido con más escaños debe poder formar gobierno, requisito imprescindible para que el sistema funcione.
En la últimas elecciones generales el mandato popular no ofrecía dudas: el Partido Popular ganó con claridad, no había mayoría absoluta alternativa y por tanto Mariano Rajoy debía ser investido.
Tras meses de parálisis, el PSOE, con sentido de la responsabilidad y con un alto coste interno y público, decidió facilitar la investidura con su abstención. Tan compatible con ejercer la oposición fue esa postura, que culminó con el desalojo del PP del Gobierno cuando aglutinó una mayoría absoluta en torno a Pedro Sánchez.
En definitiva, facilitar la investidura es un deber democrático y no un apoyo a un programa. Las posiciones políticas se plasman posteriormente con acuerdos parlamentarios puntuales o de legislatura o bien en gobiernos de coalición, pero esa decisión entra ya en el legítimo juego político.
Los partidos deben recuperar el coraje para asumir responsabilidades y hacer pedagogía política porque están ya al límite de su crédito.
* Exvicepresidente de la Junta de Andalucía
