Ampas demandan que la educación especial no finalice a los 21 años

A los 21 años, muchos jóvenes con discapacidad dejan de ser alumnos de sus colegios de educación especial. Lo que para otros puede ser solo un número, para ellos supone perder de golpe su mundo: su rutina, sus amigos, sus maestros, su entorno seguro. Familias de Córdoba y provincia llevan años reclamando que esta etapa no termine cuando se cumple una edad determinada, sino con la plenitud de aprendizaje y desarrollo que sus hijos merecen.

Desde los colegios Santo Ángel y Virgen de la Esperanza de Córdoba capital, madres y padres han unido fuerzas con otras ampas de la provincia para pedir que la edad de permanencia en los centros de educación especial se amplíe. «Cuando un chico o una chica cumple 21 años y tiene que dejar su centro, se produce un vacío enorme. Ese entorno es su espacio seguro, su familia ampliada. Al tener que marcharse, se corta de golpe el hilo que los une al aprendizaje, a sus rutinas, a su alegría», aseguran las presidentas de las ampas del colegio Santo Ángel, María Isabel López, y la del Virgen de la Esperanza, Yolanda Gómez.

El impacto no es solo académico, es una ruptura que afecta a toda la familia, apuntan. «Nuestros hijos pasan de tener un propósito diario a no tener nada. En casa se percibe una tristeza enorme, una sensación de pérdida que también nos afecta» subrayan estas madres.

La petición de las familias es clara, no buscan privilegios sino continuidad. «Queremos que se entienda que estas personas no dejan de necesitar apoyo educativo y social a los 21 años. Al contrario, es cuando más lo requieren para consolidar lo aprendido y dar pasos hacia una vida adulta», defienden.

La experiencia existente en Canarias, región en la que la edad de permanencia se ha ampliado hasta los 25 años, demuestra que lo que piden estas familias es posible, sostienen. «Si allí lo han hecho, ¿por qué Andalucía no puede? Parece que falta voluntad política o simplemente pararse a escuchar», se lamentan.

Seguir unos años más en el colegio significa mucho más que clases adicionales para estos jóvenes. Es continuidad, pertenencia y bienestar emocional. Es algo que les permite seguir aprendiendo, afianzando habilidades, madurando emocionalmente y preparándose para la vida adulta en un entorno conocido y seguro, argumentan.

Esta petición, surgida en la capital cordobesa, cuenta con el apoyo de varias ampas de la provincia, pero las familias aseguran que aún no sienten que se haya reconocido su esfuerzo y labor en esta causa. «Hemos puesto corazón, tiempo y esperanza y, a veces, sentimos que luchamos contra el silencio», exponen.

Respuesta de la Junta

El diálogo de estas familias con la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía continúa. Este mes está prevista una reunión con Almudena García Rosado, directora general de Participación e Inclusión Educativa. Mientras esperan respuestas, no descartan movilizaciones. «Queremos abrir este diálogo a toda la sociedad andaluza. Esto no es solo una lucha de unos pocos, es cuestión de humanidad y de justicia», añaden.