En este curso 2021/2022 que mañana concluye, hay un elemento común que une a toda la comunidad educativa y es la llegada de esa tan esperada normalización de las medidas sanitarias por el covid que con tanto rigor se han vivido en cursos anteriores. De igual manera se aspira a que el próximo año escolar sea lo más parecido posible a la etapa anterior a la pandemia. En este sentido, desde la Delegación de Educación se subraya de forma especial las medidas de esfuerzo llevadas a cabo por los equipos directivos para paliar los efectos provocados por la crisis sanitaria. Entre ellas, se han valorado positivamente la sectorización de los grupos, las entradas diferenciadas según los niveles educativos, el refuerzo de limpieza con un incremento de más de 200 profesionales así como del profesorado, donde se han sumado más de 600 docentes. Así, en los últimos dos cursos se han acometido 287 actuaciones con los más de 5,2 millones de euros, procedentes de fondos europeos, que la Consejería ha destinado para adaptar las instalaciones de los centros, contar con una figura sanitaria referente, etc. Por todo ello, desde la Delegación de Educación ven necesario replantear algunas de estas cuestiones, «siempre escuchando las aportaciones de los equipos directivos respecto al funcionamiento real de estas medidas».
Aplicación de la Lomloe
Otro de los aspectos más destacables ha sido el nuevo desarrollo normativo como consecuencia de la aplicación de la Lomloe. En este sentido, la nueva Ley tiene previsto su aplicación en los niveles de 1º, 3º ESO y 1º Bachillerato para el curso 2022-2023, pero por lo que respecta al desarrollo de la Evaluación, promoción y titulación se ha aplicado ya al alumnado de este curso. «Esta situación, nos ha tenido todo el curso pendientes de un desarrollo normativo que, a fecha de hoy, aún no se ha completado y está pendiente de su publicación definitiva» explica el presidente de la Asociación de Directores de IES de Andalucía (Adián) en Córdoba, Antonio Erencia. También a lo largo de estos meses ha quedado evidenciada la importancia de la formación, actualización y gestión de las emociones para el ejercicio de la dirección escolar razón por la que se organizaron de manera extraordinaria, dos Jornadas andaluzas de formación de directores, una en Antequera y otra en Córdoba en abril, en las que se incidieron en dichas cuestiones.
Aprobado
Desde la Junta de Personal Docente no universitario (que agrupa a los sindicatos CSIF, Ustea, CCOO, ANPE, UGT y SEIP) su presidente, Antonio López, subraya el gran papel desarrollado de manera especial por todo el alumnado, «que ha pasado con nota muy alta el difícil examen de esta pandemia». Desde este organismo destacan, en este curso, el conflicto que saltó con la combinación del Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza, cuya postura, desde el inicio, estuvo al lado de los alumnos y sus familias, por entender que eran de justicia y porque «esta modalidad de Bachillerato es una de las joyas con las que cuenta la educación pública y que, como tal, debe ser cuidada y potenciada. Ha faltado previsión y diligencia ante un problema que se apuntaba desde la publicación de la Lomloe y en el que la Administración solo ha tomado cartas a partir de las movilizaciones». También, un curso más, la demanda de la bajada de ratio por aula se ha puesto sobre la mesa, cuestión ante la que la Junta de Personal Docente se posiciona de manera clara a favor de la calidad de una enseñanza pública «decidida y positivamente inclusiva». «Nuestra propuesta se concreta en una bajada generalizada de ratios que sitúe la de cada aula en un máximo de 20 en Infantil y Primaria, 25 en ESO y 30 en Bachillerato». Según López, Andalucía, tan necesitada de mejorar sus resultados educativos, «no debería quedarse atrás, máxime cuando un escenario de baja natalidad como el presente amortiguaría en mucho el coste de esta medida». En cuanto a otro problema recurrente, el de la pérdida de unidades, la Junta de Personal Docente de Córdoba asegura que «se trata de un problema histórico, que en la última década ha eliminado centenares de aulas solo en nuestra provincia, que nos afecta de sur a norte, de este a oeste, y que ya ha provocado el cierre de centros como el CEIP Venta del Charco (Cardeña), el CEIP Moreno de Pedrajas (Villanueva de Córdoba) o el CEIP Lucano (Córdoba).
Demandas
En este curso, tanto Adián como la Asociación de Directores de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) firmaron un documento, que presentaron a las distintas fuerzas políticas que este pasado domingo concurrían a las elecciones autonómicas, en el que contemplaban distintas peticiones como buscar una solución efectiva y definitiva a la situación del Personal de Administración y Servicios (PAS) de los centros educativos ya que muchos carecen de ordenanzas y administrativos, o no tienen en número suficiente, «y sus tareas la están desarrollando miembros de los equipos directivos» asegura Erencia. Mantener los programas de inversiones para la mejora de los centros ya que muchos de estos edificios cuentan con una antigüedad superior a los cuarenta años y necesitan una mejora continua de sus instalaciones; incorporar la figura de la Vicedirección a todos los centros educativos para que contribuya a paliar la carga de trabajo y burocracia que ha aumentado de manera patente en los últimos años; potenciar los planes y proyectos educativos con repercusión directa en la vida de los centros; mantener los recursos que han llegado a los centros por causa del covid (cupos de apoyo en instrumentales, limpieza en horario de mañana, horas de reducción para el control de salud laboral por parte del equipo directivo) o conservar el aumento de la oferta de Ciclos y Formación Profesional Básica y de sus recursos y ajustarlos a la demanda son otras de las demandas de estas dos asociaciones.
Desde la Junta de Personal Docente se han lanzado igualmente una serie de propuestas y objetivos a alcanzar entre los que destacan «la necesidad urgente» de unas infraestructuras educativas «que sean noticia por su calidad, y no por su falta de adecuación a las temperaturas extremas o por su mantenimiento insuficiente». En este sentido Antonio López apunta al exceso de burocracia y que ésta debe quedar al servicio de la práctica docente -y no a la inversa- «para que los esfuerzos del profesorado se focalicen donde dan más fruto». Para su presidente, «cualquier plan, actuación o normativa adicional debe venir acompañada de los recursos humanos y materiales necesarios para que su implementación no recaiga sobre las ya saturadas espaldas del profesorado». Por último, anuncia que estarán vigilantes para que las medidas de equiparación salarial comprometidas por el Gobierno andaluz «sean una realidad» en los próximos cursos y para que se siga profundizando en el reconocimiento e impulso «con hechos tangibles y no solo con palabras» que la profesión docente merece. Desde Educación la delegada, Inmaculada Troncoso, aseguraba a este periódico que siempre se ha procurado un punto de diálogo con quien lo ha requerido.
