La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, confirmó a principios de enero la apertura de un proceso de análisis "profundo" y "pormenorizado" de la política de conciertos con centros educativos de la comunidad autónoma andaluza, siempre bajo las premisas del "respeto a la legalidad vigente" y "la defensa del modelo de escuela pública".

Moreno aludió, como factores que aconsejan este procedimiento, a la obligación de optimizar recursos por las circunstancias presupuestarias, las tendencias demográficas, el "ataque" que considera supone la reforma educativa del Gobierno central contra la escuela pública y el hecho de que todas estas circunstancias hayan concurrido en plena etapa de renovación de los conciertos.

Asimismo, y a pesar de que los presupuestos de la comunidad para 2013 ya contemplan un número cerrado de unidades concertadas, la consejera explicó que ello obedece a una "previsión" y que, por tanto, "no significa que no pueda haber líneas de menos en centros tanto públicos como privados".

Según María Angeles Molina, presidenta de la Asociación de Centros de la Enseñanza Libre en Córdoba (CECE), la renovación de conciertos está regulada por una normativa estatal, el Reglamento de Normas Básicas, de obligado cumplimiento para las autoridades andaluzas. Esta renovación no es, como han dicho en algunas declaraciones, "una puesta del contador a cero", ni una decisión arbitraria del gobernante. "Los conciertos se renuevan automáticamente si los centros siguen cumpliendo los requisitos por los que se les concedió y tienen una ratio media equivalente a la de los centros públicos de la zona. Ese es el único criterio legal válido", señala M Angeles Molina.

La presidenta de CECE asegura que los responsables de la Administración tienen la obligación de asegurar a los ciudadanos que, en el procedimiento de renovación de los conciertos, respetarán esa legalidad vigente y que se atendrán a ella escrupulosamente. "No pueden hacer declaraciones, los que van a resolver esos procedimientos, que prejuzguen sus actuaciones, y mucho menos si esas intenciones responden a criterios políticos que pretendan saltarse las obligaciones legales", subraya. Para M Angeles Molina es una falta de respeto lo que vienen diciendo desde algún partido político, en el sentido de que van a "trasvasar unidades de la concertada a la pública". "Olvidan que en esas unidades hay personas, familias y alumnos, y que estos no son mercancía que se trasvasa de un lado a otro", concluye.