El deseo de una desescalada en las restricciones que impone la pandemia del coronavirus es compartido. Todo el mundo lo desea por razones personales, sociales o económicas, que son, estas últimas, las que más fundamentada preocupación generan al margen de las sanitarias. Pero ya hay experiencias claras del precio que ha de abonarse por la precipitación, y es demasiado alto como para arriesgarse a pagarlo de nuevo. Alto en vidas y en salud de nuestra sociedad, como se ha demostrado tras aquel desafortunado "salvemos la Navidad" que dio lugar a la durísima tercera ola de la pandemia, y alto en costes económicos, pues fuerza a nuevas medidas restrictivas que impiden al tejido económico ponerse en marcha con las reglas del futuro claras.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, ha sido objeto de una particular mirada, pues la celebración el año pasado de las tradicionales manifestaciones estuvo después en el centro de una larga polémica por la posibilidad de que hubieran sido foco de transmisión del covid-19 apenas unos días antes de que se decretara el confinamiento. En este caso, el «no ha lugar» de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, es suficientemente explícito. La posibilidad de que se autoricen concentraciones de 500 personas supone un riesgo innecesario, y debía ser la propia sociedad la que renunciara este año a la cita, lo que no supone renunciar al carácter reivindicativo de la jornada. Ejemplo claro y positivo lo da la Plataforma Nosotras Decidimos de Córdoba, que no convocará manifestación y ha anunciado su intención de llevar a cabo actividades alternativas -algo sí es cierto: la situación socioeconómica de la mujer está empeorando en el escenario de la pandemia- que no supongan riesgo para la seguridad sanitaria pero mantengan viva la movilización feminista.

Córdoba ha pasado al llamado "nivel 3" de las restricciones, lo que supone que parte de las mismas se suavizan y permiten, por ejemplo, con la apertura de la Ciudad de los Niños y las Niñas, un terreno al aire libre en el que, controlando el aforo, no será arriesgada la asistencia de público.

Para Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, avanza que quizá a partir del próximo miércoles se levanten algunas medidas, teniendo en cuenta que la incidencia media de la Comunidad Autónoma está ya por debajo de los 200 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, hasta que la tasa no baje de los 50 casos no se considerará controlada la situación.

En realidad, hasta que la vacunación no alcance a un gran porcentaje de la población, o a ese 70% de la misma que los científicos consideran un escenario seguro, no es deseable levantar la guardia. No debe hacerse durante este puente festivo del 28F. Y, desde luego, la decisión de prohibir las procesiones de la Semana Santa no ha sido plato de gusto para nadie, pero parece la acción más sensata si se quiere avanzar en el control del covid-19. Quizá el verano, si las cifras de contagios siguen bajando, las vacunas llegan -los dispositivos están preparados, pero las farmacéuticas continúan con sus incumplimientos- y la Unión Europea habilita su pasaporte de vacunación sea posible introducir cambios sustanciales en la movilidad. Mientras, habrá que mantener la disciplina y la responsabilidad y confiar en que las ayudas prometidas lleguen a las empresas. No hay que abrir la puerta a la cuarta ola.