¿Qué implica el acuerdo entre Sánchez y Pradales para que el País Vasco participe en la gestión de sus aeropuertos?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari vasco Imanol Pradales acordaron este viernes la creación de un "órgano bilateral aeroportuario" para "participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos", según expresó Pradales tras el encuentro. La medida no implica en ningún caso el cambio de titularidad en la administración de los aeropuertos de Vitoria, Bilbao y Hondarribia que compete a Aena, sino que supone una mayor influencia del Gobierno vasco en la toma de decisiones que concierne al Ejecutivo central.

En concreto, ambos ejecutivos han llegado a un pacto para la "cooperación estratégica" a través del citado órgano bilateral que "aumente la capacidad de propuesta del Gobierno vasco" y "mejore la interlocución con el Gobierno de España" en materia aeroportuaria. Según ha trasladado el ministerio de Transportes, este órgano funcionará por consenso entre las partes y carece de competencias ejecutivas. Además, su creación "no altera en modo alguno el régimen legal de funcionamiento de Aena, que no forma parte del órgano y no cuestiona ni altera su autonomía de gestión".

La creación del órgano no modifica en ninguna forma ni la estructura en red de los aeropuertos de Aena ni supone una modificación de los procedimientos para la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y sus elementos principales, incluidas las tarifas aplicadas en los aeropuertos, pero prevé un trámite de informe sobre el próximo DORA III´, que afecta al periodo 2027-2031, que al igual que el resto de las decisiones del órgano debe ser adoptado por "consenso y no tiene carácter vinculante".

El DORA III, en el que se prevé invertir 13.000 millones de euros, está en pleno desarrollo. Aena remitió el pasado 18 de febrero su propuesta a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su tramitación y aprobación por el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre de 2026.

"Es una herramienta que mejora la coordinación y cooperación con la administración autonómica del País Vasco, para generar sinergias y alinear políticas encaminadas a conseguir unos aeropuertos más limpios, eficientes, seguros y con un alto nivel en la calidad del servicio que prestan", añaden desde el ministerio.

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