"El problema de la vivienda pone en juego la propia continuidad de la sociedad europea"

El Parlamento Europeo aprobó este martes el primer informe de su historia sobre vivienda, un documento que aspira a sentar las bases y proponer soluciones a la crisis existente, una de las principales que azota a la Unión Europea. Borja Giménez Larraz (Zaragoza, 1983) y Marcos Ros Sempere (Murcia, 1974), europarlamentarios del Partido Popular Europeo (PPE) y de los Socialistas y Demócratas (S&D) —grupo del PSOE—, respectivamente, atienden a este periódico después de que sus dos formaciones, las mayoritarias en Estrasburgo, hayan votado a favor del mismo y en un clima de crispación política que permite a los dos principales partidos llegar a consensos.

PREGUNTA. En un contexto en el que determinados sectores cuestionan la eficacia y necesidad de la Unión Europea, ¿qué importancia tiene el informe que ha aprobado esta mañana el Parlamento Europeo en materia de vivienda?

MARCOS ROS SEMPERE (S&D). Es relevante porque responde a un clamor social. La ciudadanía, especialmente los más jóvenes, nos están pidiendo que como Unión Europea hagamos algo. También porque es el primero que aprueba el Parlamento Europeo en el que se analiza toda la problemática y factores y porque fija prioridades. El informe es muy claro: más inversión pública, lucha contra la especulación, respecto a los derechos de los inquilinos y coto a los alquileres turísticos.

BORJA GIMÉNEZ LARRAZ (PPE). Es relevante porque pone el foco en el problema y permite hacer un diagnóstico acertado de cuál es la situación. En la Unión Europea hace falta construir diez millones de viviendas para cubrir la demanda mientras disminuye el número de licencias de construcción un 20% en los últimos cinco años.

P. En España se escucha que el problema de la vivienda va a causar que unos partidos u otros ganen o pierdan determinadas elecciones. ¿Qué se juega la Unión Europea con esta crisis?

M. R. S. Nuestra credibilidad. Los ciudadanos perciben que hay un problema y nosotros tenemos que dar respuesta. El informe empieza a dar respuestas que ahora se tendrán que poner en marcha. Nos jugamos también la propia continuidad de la sociedad europea, la cohesión social. Si no damos respuesta a la crisis de vivienda, tendremos un problema social muy grande. Habremos conseguido un estado del bienestar, con pensiones, sanidad, educación o salarios dignos, pero la gente no podrá desarrollar su proyecto de vida. Esto puede generar una brecha y un drama social que redunde en mayor desapego a la Unión Europea y ponga en juego la continuidad del proyecto europeo.

B. G. L. La credibilidad de la Unión Europea es fundamental, es nuestra capacidad de responder a los problemas de los ciudadanos. Pero no podemos perder de vista que las competencias son de los estados miembros. Tenemos que ser cautos a la hora de generar expectativas en torno a las soluciones que podemos poner sobre la mesa. El informe contribuye de forma muy positiva a ofrecer soluciones, pero esto se tiene que trasladar y desarrollar en políticas que no son únicamente responsabilidad de la Unión Europea. Y luego otra cuestión. Esto tiene un impacto social demoledor, pero al mismo tiempo también afecta a la competitividad del conjunto de Europa, que nuestros jóvenes puedan empezar una carrera, a desarrollar una vida, tener una familia o la movilidad laboral. En definitiva, a nuestra capacidad de atracción de talento.

P. En el debate ha quedado patente que el problema de la vivienda no afecta a un solo país y las causas y soluciones son múltiples. ¿Dónde creen que radica el problema de la vivienda en España? ¿Se está actuando correctamente?

M. R. S. El problema no reside en una causa solo, es multifactorial. España tiene algunas connotaciones diferentes a otros países, pero básicamente es una crisis de oferta: se han construido y puesto a disposición de los ciudadanos menos viviendas de las que necesitábamos, además de que acusamos una falta de oferta pública y se ha registrado un aumento de la demanda. Por otro lado, luchamos también contra una presión especulativa muy fuerte: como los mercados de capital no han dado tanta rentabilidad, muchos flujos de dinero que se han desviado al mercado inmobiliario para utilizar la vivienda solo como bien de rentabilidad económica y no como lugares donde vivir. Por último, España también es un destino especialmente atractivo para el turismo y tenemos una presión muy fuerte de vivienda vacacional, que elimina más oferta del mercado. Para contrarrestarlo España aprobó la ley de vivienda y se ha dotado de un plan con la inversión más la más grande que se recuerda. Estamos dando pasos en la dirección adecuada, pero las soluciones tardan en tener un reflejo real sobre la ciudadanía.

Marcos Ros: "Estamos pidiendo que haya una línea específica de 300.000 millones de euros para la construcción de vivienda pública"

B. G. L. El problema en España es la falta de oferta y de construcción, que se agudiza porque se sigue generando un déficit de 150.000 viviendas cada año. Para ponerle freno proponemos un paquete de simplificación normativa que reduzca la burocracia y agilice permisos con la introducción del silencio positivo. En el caso de España, hay en algunas políticas que se han tomado que van a contracorriente. Fundamentalmente, hablo de las políticas intervencionistas que se están poniendo en marcha en Cataluña, que se ha convertido en un laboratorio donde no están surgiendo los efectos que se pretenden medidas como la limitación de precios o la reserva del 30% para construcción de vivienda protegida. Son medidas intervencionistas que generan un desincentivo a la inversión cuando precisamente lo que necesitamos es atraerla.

P. ¿Creen que veremos fondos europeos rápidos, cuantiosos y eficaces para este fin?

Borja Giménez: "Tenemos que ser conscientes de que, si hay que construir diez millones de viviendas en la Unión Europea, no va a ser suficiente con los fondos públicos"

M. R. S. Hemos trabajado para que así sea. Con el marco financiero actual 2021-2027, la Unión Europea no podía invertir en viviendas asequible porque solo permitía destinar capital del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a rehabilitación energética o del Fondo Social Europeo en situaciones de emergencia. Impulsamos una reforma del reglamento y los estados miembros tienen la oportunidad de reprogramar fondos. Las comunidades autónomas que lo hayan pedido pueden invertir en construir edificios de vivienda pública. El problema surge en el siguiente marco financiero. En la propuesta de la Comisión Europea no hay una línea específica de vivienda. Nosotros estamos pidiendo que haya una línea específica de 300.000 millones de euros para la construcción de vivienda pública. Por último, nos gustaría también que el Fondo Europeo de Competitividad (FEC) incorpore una amplia dotación para la parte de innovación, sostenibilidad y rehabilitación energética en el ámbito residencial. Es el año de la negociación.

B. G. L. El uso eficiente de los fondos europeos tiene un papel capital como se refleja en el informe. Sabemos también que es importante el papel que puede jugar el Banco Europeo de Inversiones (BEI), pero tenemos que ser conscientes de que, si hay que construir diez millones de viviendas en la Unión Europea, no va a ser suficiente con los fondos públicos. Por lo tanto, es importante movilizar la inversión privada. Ahí juega un papel importante la colaboración público-privada y la flexibilización del acceso al crédito para los promotores y constructores.

P. Hoy el PPE y S&D han votado de forma conjunta en el Parlamento Europeo. En España, PP y PSOE parecen tener posiciones más contrapuestas. ¿Creen que veremos un gran acuerdo o ese pacto de estado tan reclamado por la vivienda?

M. R. S. Sería deseable. De hecho, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha ido en multitud de ocasiones a reuniones con las comunidades autónomas a presentar propuestas. Pero, para los pactos se produzcan, no se puede estar constantemente queriendo torpedear o bloquear lo que hace el Gobierno. No se puede estar en clave de partidista. Nos encantaría enseñar nuestras propuestas, recibir las de la contraparte y negociar: Esto no ocurre porque nos encontramos con bloqueo, por ejemplo, a la ley de vivienda. La situación lo requiere (un pacto de estado) y nosotros no vamos a dejar de trabajar en ello.

B. G. L. Soy defensor de los grandes acuerdos en cuestiones básicas, como hemos sido capaces de hacerlo aquí en el Parlamento Europeo, con fuerzas políticas de distinta ideología, desde los conservadores hasta los socialdemócratas. En el caso del Gobierno de España tampoco hay un convencimiento o un compromiso real de querer establecer una línea de negociación con nosotros porque existe una dependencia de los partidos radicales de izquierda que lo arrastran a posiciones donde prima el componente ideológico sobre las políticas pragmáticas que puedan ofrecer soluciones a los ciudadanos.

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