Guerra en Irán
El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos
La patronal del sector de camiones insta a la pymes a revisar sus tarifas antes la posible escalada del precio de los carburantes, tal como prevé el Ministerio de Transportes
Camiones en los accesos a la V-30, en una imagen de archivo. / JM LOPEZ
José Luis Zaragozá
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) -patronal que agrupa a pymes y autónomos- ha recordado la obligación legal a la que están sujetos los transportistas de aplicar la revisión por combustible en sus tarifas ante una previsible subida de precios por el conflicto en Irán. El transporte de mercancías por carretera entre Irán y España se ve amenazado en marzo de 2026 por una posible escalada del precio del diésel, con aumentos previstos de hasta 20 céntimos por litro debido al conflicto en Oriente Medio durante la próxima semana.
Esta organización empresarial recuerda a todas las empresas y autónomos que la cláusula de revisión del precio del transporte por la variación del precio del combustible, establecida por el Real Decreto-ley 3/2022 y que se aprobó ese año 2022 en circunstancias similares tras el estallido de la guerra de Ucrania, es de obligado cumplimiento por ley. Esta medida protege el margen operativo del transportista frente a fluctuaciones externas imprevisibles como la actual crisis internacional.
Revisión de precios
"Por ello es imperativo que los transportistas apliquen la fórmula de revisión establecida en dicha norma para repercutir los incrementos de costes en sus facturas de manera legal y transparente", aseguran estas mismas fuentes. En ese sentido, recuerdan que el Ministerio de Transportes mantiene actualizada en su página web su 'Calculadora de Variación del Precio del Gasóleo', una herramienta esencial para determinar el suplemento exacto que debe aparecer desglosado en la factura.
Supervivencia del sector
"En un escenario de guerra y volatilidad extrema, aplicar la revisión del combustible no es una opción comercial, es una obligación legal y una medida de supervivencia para el sector", señala el presidente de Fenadismer, Carlos Folchi. "No repercutir estos costes pone en riesgo la viabilidad de las empresas transportistas y la estabilidad de la cadena de suministro en España", concluye.
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