El decreto de Primo de Rivera para proteger a quienes vivían de alquiler en España

El 27 de diciembre de 1925 la dictadura de José Antonio Primo de Rivera aprueba un Decreto sobre alquileres que supuso un punto de inflexión en la regulación de los arrendamientos urbanos en España. La norma, adoptada en un contexto de fuerte tensión social y escasez de vivienda en las grandes poblaciones, buscaba proteger de manera directa a los inquilinos.

El decreto establecía que los contratos de arrendamiento de fincas urbanas situadas en poblaciones de más de 6.000 habitantes podían prorrogarse a voluntad del inquilino, considerándose dicha prórroga obligatoria para el arrendador. Además, la extensión del contrato debía realizarse sin alteración alguna de sus cláusulas, manteniéndose intactas las condiciones originalmente pactadas entre ambas partes.

Con esta regulación, el Estado buscaba reforzar por primera vez de forma explícita la estabilidad del alquiler y limitar la capacidad de los propietarios para resolver unilateralmente los contratos. El decreto introducía así una concepción novedosa para la época: el alquiler dejaba de ser exclusivamente una relación privada para convertirse en una cuestión de interés público, en la que el derecho a la vivienda comienza a prevalecer sobre la libertad contractual absoluta.

Casi un siglo después, el debate sobre el alquiler vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política y social. La España actual vive de nuevo una crisis de acceso a la vivienda, con precios del alquiler en máximos históricos en muchas ciudades, una oferta limitada y una creciente dificultad para que jóvenes y familias mantengan una vivienda estable. Las medidas contemporáneas como los límites a las subidas del alquiler o la declaración de zonas tensionadas recuerdan, en parte, a aquel decreto de 1925: la intervención pública como respuesta a un mercado incapaz de garantizar por sí solo el derecho a la vivienda.

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