Competencia calcula un impacto de 900 millones de euros más en el bolsillo de los consumidores si atendiese a las peticiones de las eléctricas

La nueva propuesta de pago por las redes de distribución eléctrica, aprobada este lunes por Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), tendrá un impacto de 2.000 millones de euros en el bolsillo de los consumidores en los próximos seis años, según fuentes del organismo regulador. Esta cifra es consecuencia de aumentar la tasa de retribución que recibirán las empresas por desplegar y mantener estas infraestructuras durante el periodo 2029-2031 del 5,58% actual al 6,58%.

En el caso de que la CNMC elevase esa tasa al 7%, como han pedido de forma constante las compañías eléctricas desde hace meses, el impacto en la factura de la luz se incrementaría en 900 millones de euros más. Así lo han trasladado fuentes del organismo que dirige Cani Fernández, que defienden que el planteamiento final busca el equilibrio entre fomentar las inversiones y "evitar un aumento desproporcionado" de la factura de la luz.

Las compañías eléctricas, representadas en Aeléc, afirman que la reforma de la CNMC "se ha planteado sin un proceso suficiente de diálogo ni de contraste técnico con el sector" y que la tasa de retribución financiera "resulta insuficiente" y "sitúa a España a la cola" de los países del entorno. "Limitar la inversión en distribución no reduce costes para el sistema ni para los consumidores; al contrario, los incrementa", añaden.

Y aunque en su propuesta final el organismo regulador incorpora algunos cambios tras recibir las opiniones en contra del Consejo de Estado, algunas fuentes anticipan una larga batalla judicial en los tribunales. Pero desde la CNMC se muestran tranquilos, al asegurar que la norma aprobada y, que previsiblemente se publicará en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días para su entrada en vigor el 1 de enero, "está muy bien armada".

"(Los interesados) tienen muchos instrumentos y vías de defensa en la parte procedimental", afirman fuentes del organismo, que reconocen haber recibido más de 100 alegaciones y haber realizado reuniones "técnicas" con distribuidores, consumidores, comunidades autónomas o titulares de instalaciones de almacenamiento, entre otros. "No podemos todas las semanas tener reuniones recurrentes en cada punto del proceso", agregan.

La CNMC, además, se siente refrendada por el otro regulador, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se ha mantenido en un segundo plano durante el proceso, a pesar de poder tener voz a través de sus orientaciones de política energética e, incluso, pudiendo pedir la convocatoria de una suerte de órgano de mediación, que se conoce como Comisión de Cooperación, si considerase que las decisiones de la CNMC no siguen su política energética.

Pero nada de eso ha ocurrido y el departamento que dirige Sara Aagesen solo dio indicaciones sobre la tasa de retribución al principio, mientras que en el caso de la metodología de cálculo de la retribución solo realizó un informe tras conocer la propuesta del 'superregulador'. "Estamos en plena sintonía con el ministerio", añaden fuentes del regulador, que presumen de la "coordinación técnica" entre ambas instituciones.

Los cambios de la CNMC

Además de la tasa de retribución, la CNMC aprobó el lunes la metodología para calcular cuáles son los activos que estarán sujetos a esa retribución. Este ha sido el principal caballo de batalla de las empresas en los últimos meses al suponer un cambio de modelo respecto a la fórmula actual. El nuevo modelo limitaba el volumen de inversión reconocida para calcular la retribución a las inversiones históricas del sector, lo cual derivaría en cantidades muy bajas en los próximos años, si se tiene en cuenta que en la última década apenas se realizaron inversiones en la extensión de redes eléctricas.

El organismo que dirige Cani Fernández estableció un límite del 80% sobre el tope de las inversiones que tienen las empresas (0,13% del PIB), pero el Consejo de Estado le ha dicho que esa decisión "invade" sus competencias y, aunque el regulador no está de acuerdo, ha eliminado su premisa y todas las inversiones "hasta el 0,13% del PIB se pasan a retribuir a coste auditado, en lugar del 80% del 0,13% del PIB".

Es decir, todo el volumen de inversión que pueden desarrollar anualmente las empresas con la normativa actual se pagaría a valor auditado, sin riesgo ligado al desarrollo de potencia. Solo se obliga a las empresas a desarrollar potencia en el caso de las inversiones por encima de ese límite del 0,13% del PIB. El Gobierno anunció en octubre un real decreto para que las empresas puedan invertir por encima de ese límite del 0,13% del PIB durante los próximos seis años siempre que el 75% de esas inversiones estén ligados a un incremento de la demanda y el regulador lo que hace es obligar a que todas esas inversiones vayan acompañadas de un incremento de potencia.

Lo que falta, según las eléctricas

Solventados esos problemas, la principal queja de las eléctricas ahora es la tasa de retribución, que las compañías querían elevar hasta ese 7% y que hace referencia al valor que se le da a las redes eléctricas para compensar a las empresas por realizar las inversiones y mantener estas infraestructuras. "Este planteamiento no solo dificulta la atracción de capital en un contexto de competencia internacional, sino que tampoco es coherente con los objetivos de electrificación, transición energética y reindustrialización que el propio país se ha marcado", afirman desde Aeléc.

Además, las empresas se quejan de que la nueva propuesta recorta los costes reconocidos (es decir, los gastos que el regulador permite recuperar a las empresas) al plantear un tijeretazo inicial del 13% a partir del 1 de enero, al que se suman 3 puntos porcentuales más cada año, incluido el 2026. "Se ha aprobado un recorte de los gastos reconocidos del servicio eléctrico sin precedentes", afirman desde Aeléc. Las compañías consideran que este recorte penalizará al consumidor, pues si dedican menos recursos al mantenimiento preventivo de la red el suministro será peor.

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