España y Portugal propondrán a la UE analizar las ayudas nacionales sobre la factura de la luz para evitar distorsiones entre países

Tras el éxito de tope al gas, España y Portugal vuelven a unir fuerzas para acabar con el 'dumping' en la factura de la luz entre Estados miembros. Los ministros de energía de estos dos países --a los que se unirán otros Estados miembros-- propondrán el próximo lunes, en el Consejo de Energía de la Unión Europea, analizar el impacto de las ayudas públicas nacionales sobre la energía y diseñar nuevas reglas comunes para evitar la paradoja ibérica de tener costes energéticos más competitivos que otros países y pagar una factura de la electricidad más cara.

"Si nos creemos que hay una Unión de la Energía no puede ser que el precio de la electricidad esté desacoplado del coste de la energía y que eso dependa del margen fiscal de cada país. Si en la Península Ibérica el coste de la electricidad es más competitivo que en otros países, cómo es posible que en otros mercados el precio que pagan los consumidores sea inferior", ha planteado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, durante su intervención en el IX Congreso Nacional de Energías Renovables, organizado por APPA.

El número dos del Ministerio para la Transición Ecológica no ha señalado a ningún país en concreto, pero desde el sector industrial es habitual el señalamiento a Francia y Alemania. Francia subvenciona la electricidad de hogares y empresas a través de la empresa energética estatal EDF, con medidas como el "Bouclier Tarifaire" (Escudo Tarifario) que limita el aumento de la factura eléctrica, mientras que Alemania acaba de anunciar un precio fijo (5 céntimos por kilovatio-hora) para su industria electrointensiva en el período 2026-2028 con un coste público de entre 3.000 y 5.000 millones de euros, según recoge EFE.

Estas y otras ayudas son perfectamente legales, dado que para ponerlas en marcha los Estados miembros deben con el aval de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado que se ha diseñado, precisamente, para evitar que se falsee la competencia en el mercado interior. Pero el Gobierno español cree que ese filtro es insuficiente y quiere abrir el debate entre países para evitar una carrera a dos velocidades entre ricos y pobres y garantizar la igualdad de condiciones en el mercado eléctrico, lo que se conoce en la jerga europea como 'level playing field'.

"En los últimos años, varios Estados miembros han introducido medidas nacionales de apoyo destinadas a mitigar los elevados costes energéticos para los consumidores industriales. Si bien estas intervenciones atienden las necesidades domésticas, su escala, duración y diseño —que varían considerablemente en la Unión en función del margen fiscal de cada Estado miembro— pueden distorsionar eficazmente los precios de la energía", explica el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

"Datos recientes de la UE revelan que, a pesar de algunos avances, persisten desequilibrios percibidos o reales en los precios de la electricidad industrial. Estos desequilibrios podrían socavar la confianza en el mercado interior de la energía y la aceptación pública de la transición energética", añade el texto. Para resolver esta situación, la propuesta ibérica, plantea realizar un análisis del impacto de las ayudas nacionales a los precios de la energía en el funcionamiento del mercado interior, a través de indicadores armonizados de competitividad industrial y costes energéticos y con un análisis comparativo de su "eficacia, transparencia y coherencia".

Además, propone actualizar las reglas del juego para acotar estas ayudas y garantizar, así, que "no distorsionen la competencia y promuevan la competitividad y una transición justa"; establecer mecanismos de coordinación "mejorados" entre los Estados miembros y promover iniciativas (legislativas o no legislativas) para garantizar que el apoyo público sea "temporal, específico y conforme a las normas sobre ayudas estatales, evitando subsidios que puedan distorsionar la competencia o desalentar la eficiencia energética".

También aboga por explorar "soluciones estructurales" que reduzcan los costes energéticos a largo plazo. En este caso, España y Portugal plantean buscar medidas que aceleren la integración de las energías renovables y la flexibilidad del sistema y opciones para "mitigar aún más los costes indirectos de la electricidad sin comprometer la sostenibilidad financiera de los sistemas energéticos nacionales".

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