El Gobierno lanza una criba masiva de eléctricas ‘fantasma’ y ordena la expulsión de 40 empresas en un año

El Gobierno ha puesto en marcha una gran criba en el registro de comercializadoras de luz en España para expulsar a un gran número de compañías energéticas sin ninguna actividad o con operaciones irregulares. El Ministerio para la Transición Ecológica está ordenando la inhabilitación de decenas de eléctricas ‘fantasma’ (sin ningún cliente) y de eléctricas ‘pirata’ (que incumplen las obligaciones de garantías económicas u operativas) en una estrategia de limpieza en el enorme listado de compañías supuestamente operativas en el mercado español.

El Ministerio comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen ha ordenado la suspensión de 40 comercializadoras eléctricas en los últimos doce meses, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Sólo en los últimos dos meses se han acumulado una decena de expulsiones del mercado eléctrico nacional.

El motivo de la inmensa mayoría de las inhabilitaciones es la inactividad total de las empresas durante un año, pero en una decena de casos la suspensión es porque las compañías incumplían las obligaciones de comprar suficiente energía para garantizar el suministro de sus clientes, por no pagar los gastos del sistema eléctrico que les correspondía o por no disponer de las garantías económicas preceptivas.

España es, con diferencia, el país europeo con mayor número comercializadores eléctricos, como consecuencia de que no se exige una licencia administrativa previa y no se establecen barreras de entrada al negocio como sucede en otros mercados de la UE. En el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ahora mismo figuran como dadas de alta un 555 compañías. Pero no todas las empresas están realmente operativas.

El último informe de la CNMC sobre los mercados energéticos minoristas apunta que hace un año había sólo 416 comercializadoras realmente activas. Se consideran compañías activas las que tienen al menos un cliente y que compran energía para cubrir su suministro. La normativa vigente establece que el Ministerio para la Transición Ecológica ha de inhabilitar a las comercializadoras que no presentan ninguna actividad durante un año.

Pero se trata de un proceso administrativo complejo que ha hecho que durante años el Gobierno no haya presentado una postura proactiva para poner orden en el sector. Y es que para aprobar la inhabilitación por inactividad, la Dirección General de Política Energética y Minas debe contrastar, por un lado, con la CNMC que no la comercializadora no tiene ningún cliente; y, por otro, ha de comprobar con Red Eléctrica de España (REE), gestor del sistema eléctrico, y con el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el gestor del mercado mayorista eléctrico, que las compañías efectivamente llevan más de un año sin comprar energía.

De las gasolineras a las eléctricas

El Gobierno se lanza a poner orden en el mercado eléctrico promoviendo la expulsión de compañías ‘fantasma’ o con actividades irregulares, emulando la batalla que ha emprendido en los últimos años también el sector de los hidrocarburos para poner coto al fraude en las gasolineras. El Ministerio para la Transición Ecológica ha intensificado la expulsión del sector de las tramas de empresas pirata que no cumplen la normativa en el negocio de las gasolineras.

El sector de las gasolineras se ha visto golpeado en los últimos años en España por un fraude masivo en la venta de combustibles. Las grandes petroleras llevan tiempo denunciando la entrada del “crimen organizado” a través de empresas pirata que revientan el negocio tirando los precios gracias a eludir el pago de impuestos y de otros recargos obligatorios.

Entramados empresariales con múltiples intermediarios y testaferros que van cerrando sociedades cuando son descubiertas y reanudan su actividad fraudulenta con otro nombre. Y aunque la actividad ilícita se ha moderado claramente en los últimos meses, sigue siendo un motivo de alta preocupación para las compañías del sector y ha dejado un roto milmillonario tras años con estas empresas campando a sus anchas.

El fraude en la venta de combustibles ha empezado a frenarse, por un lado, por el enorme foco mediático generado en torno a estas prácticas irregulares tras la detención e imputación en un presunto fraude millonario de hidrocarburos de Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama de corrupción del denominado ‘caso Koldo’; por otro, por el endurecimiento de la guerra abierta por el Gobierno contra las tramas de empresas pirata mediante la inhabilitación de grandes operadores petrolíferos.

El Ejecutivo ha aprobado un año la inhabilitación definitiva de una veintena de grandes operadores mayoristas de hidrocarburos por faltas graves en su actividad, según se ha ido publicando en el BOE en los últimos meses. Y el Ejecutivo prepara otra ola de suspensiones totales de empresas con actividades irregulares, y ya ha resuelto la inhabilitación temporal de otros grupos del sector por no contar con los requisitos para poder operar o por incumplimiento de las obligaciones legales en relación al uso de biocombustibles. Un paso previo al que previsiblemente le seguirán inhabilitaciones definitivas para estas compañías.

Suscríbete para seguir leyendo