Las eléctricas temen que el nuevo sistema ‘antiapagones’ y sus ayudas millonarias no estén en marcha hasta 2027

El Gobierno prepara un nuevo mecanismo para reforzar la seguridad de suministro eléctrico y que sirva para evitar grandes apagones. El nuevo sistema, cuyo diseño y tramitación ya estaban en marcha mucho antes del colapso energético del 28 de abril, conllevará el reparto de ayudas millonarias a las compañías energéticas que garanticen inyecciones de electricidad adicional cuando sea necesario para evitar desajustes entre oferta y demanda de energía. El Gobierno se había marcado como objetivo activar el nuevo mecanismo este mismo año, pero sigue acumulando retrasos, y las eléctricas que se beneficiarán de él cada vez son más pesimistas y temen que no esté totlamente en marcha hasta finales de 2026 o principios de 2027.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha intentado agilizar los procedimientos para activar el sistema ‘antiapagones’ y ha adelantado algunas medidas y solapado algunos procesos para acortar los plazos, pero aún quedan demasiados trámites administrativos por ejecutar como para cumplir el objetivo de activar el sistema este año y el sector augura que se retrasará muy probablemente otro año más.

El nuevo sistema ‘antiapagones’ consistirá en la puesta en marcha de unos mercados de capacidad de energía firme que conllevará el reparto de ayudas millonarias a las compañías energéticas que garanticen inyecciones de electricidad adicional cuando sea necesario para evitar desajustes entre oferta y demanda de energía. La cuantía de los pagos millonarios se determinará mediante un sistema de subastas y que se cargará en el recibo de la luz que pagan todos los consumidores.

El Ministerio para la Transición Ecológica "sigue manejando un horizonte temporal de celebración de las subastas del mecanismo de capacidad de finales de este ejercicio", apuntan fuentes oficiales a este diario "Pero si no fuera posible, por razones ajenas a su voluntad, confía en poder celebrarlas en el primer trimestre del año que viene", indican desde el departamento de Sara Aagesen. La aspiración del Ejecutivo sigue siendo pues optimista y pasa por celebrar una primera puja muy próximamente, pero las empresas ven claramente imposible que se cumpla.

A la espera de Bruselas

El Gobierno abrió en diciembre de 2024 el proceso de audiencia pública sobre la orden ministerial que servirá para crear de estos mercados de capacidad. Un año después la orden ministerial sigue sin aprobarse. El Ejecutivo ha intentado acortar plazos adelantando algunas reformas legales y pidiendo por anticipado el informe del Consejo de Estado, pero aún espera el visto bueno definitivo de la Comisión Europea al diseño del sistema de ayudas.

Una vez que Bruselas apruebe la propuesta española (un ‘ok’ para el que no hay plazos concretos y que es el principal obstáculo para activar el mecanismo), el Gobierno tendrá que aprobar la esperada orden ministerial, abrir una consulta pública sobre las condiciones con que se desarrollará la subasta para recabar las propuestas del sector energético, y posteriormente convocar la puja, adjudicar las ayudas, y articular de manera efectiva el sistema para que esté plenamente activo.

Unos trámites aún por desarrollar, lo que lleva a las compañías candidatas a participar en la subasta a prever que no empezarán a recibir las ayudas como pronto hasta la segunda mitad de 2026 o incluso ya en 2027, según varias fuentes empresariales consultadas por EL PERIÓDICO. De hecho, los presupuestos para el próximo año de varias de estas grandes energéticas contemplan una previsión de ingresos cero en concepto de pagos por capacidad.

El Gobierno de España viene defendiendo desde la crisis energética la creación de un mercado de capacidad nacional con el que pagar a las instalaciones que den seguridad y firmeza al sistema eléctrico, ya sea por ser capaces de producir electricidad casi a voluntad frente a la intermitencia de las energías renovables (como las centrales de gas o las hidroeléctricas de bombeo, o determinadas plantas de renovables), por poder inyectar a la red electricidad almacenada (como las plantas de baterías) o por reducir la demanda eléctrica lo suficiente. La puesta en servicio de nuevos escudos para el sistema eléctrico, además, ha tomado aún más relevancia en plena resaca del gran apagón que paralizó España el pasado abril.

Centrales de gas, favoritas para la subasta

El mecanismo en ciernes apuesta por crear un mercado en el que participen las instalaciones de producción de electricidad, de almacenamiento y también de gran demanda de energía (grandes consumidores y agregadores de energía). Todos ellos percibirán una retribución a través del recibo de luz por aportar seguridad al sistema eléctrico, tanto por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo cuando se lo exija Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico.

Las grandes candidatas para llevarse el grueso de las ayudas en juego mediante estas pujas son las centrales de gas y las compañías que las controlan aspiran a recibir cerca de 800 millones de euros para estar disponibles siempre que lo necesite el sistema eléctrico, para cubrir los costes explotación crecientes que soportan y garantizarse una rentabilidad cada vez más complicada por el escaso número de horas que producen electricidad.

Los ciclos combinados -las centrales que queman gas para producir electricidad- fueron instalados en España muy mayoritariamente en los primeros años dos mil. Las centrales están diseñadas para operar de manera continua, pero actualmente las condiciones del mercado eléctrico hacen que sólo funcionen un número reducido de horas y que estén apagándose y encendiéndose para producir sólo en los momentos en que hace falta. Una dinámica, que según las compañías eléctricas que los gestionan, hace que los costes de operación y también de mantenimiento de las instalaciones se hayan disparado.

El cálculo que hacen las eléctricas con centrales de gas es que, para cubrir esos costes operativos y seguir estando disponibles para cubrir toda la demanda cuando otras tecnologías de producción de electricidad no son suficientes, el futuro mercado de capacidad que prepara el Gobierno les debería garantizar una retribución de cerca de 30.000 euros por cada megavatio de potencia instalada. Esto es, unos 800 millones de euros cada año para los 26.600 MW de ciclos combinados con que cuenta el mercado eléctrico nacional.

Las eléctricas que operan las centrales de gas llevan años reivindicándose como garantes de la seguridad de suministro en el mercado español frente a la producción intermitente de las instalaciones de energías renovables, dependientes de que haya viento, sol o agua. Y ahora presumen que son las que están aportando robustez al sistema al ser más utilizadas por el modo reforzado en que opera REE tras el apagón. Las centrales de gas no funcionan siempre, sólo cuando el resto de tecnologías no son suficientes para cubrir toda la demanda de electricidad. Pero siempre han de estar disponibles para enchufarse de ser necesario, dado que es una tecnología que puede producir prácticamente a voluntad y con rapidez.

Pujas para reducir el coste

El Gobierno español lleva años tratando de impulsar este sistema sorteando las pegas de la Comisión Europea, que ahora tiene que dar su autorización final de Bruselas para ponerlo en marcha. La pretensión del Ejecutivo es poder aprobar la orden ministerial para el sistema ‘antiapagones’ “cuanto antes’. A la espera de la autorización de Bruselas y de toda la tramitación legal posterior, el Ejecutivo busca que el sistema esté activo de manera transitoria a partir de 2026 y se despliegue de manera íntegra a partir de 2030.

La prestación del servicio y la cuantía de los pagos se establecerá mediante un sistema de subastas de potencia firme (medida en megavatios, MW, que se consideren necesarios) y por precio (medido en euros por cada MW y por año). El plan pasa por lanzar subastas para determinar cuánto pagar -el mínimo posible- a estas instalaciones que dan estabilidad al sistema eléctrico y que pueden estar siempre disponibles para cubrir las espaldas cuando toda la producción sea insuficiente para cubrir todo el consumo requerido en momento de estrés máximo del sistema eléctrico.

La participación en la subasta tiene condiciones. Sólo podrán participar instalaciones existentes generadoras de electricidad cuyas emisiones de CO2 estén por debajo de los 550 gramos por kilovatio hora producido (lo que permite que entren las centrales de gas, las grandes candidatas para recibir pagos y poder así mantener su actividad), las plantas de producción aún no activas sólo podrán ser de energías renovables o sistemas de almacenamiento, y quedarán fuera las plantas que ya reciban otros tipos de retribución regulada (sean las primas a renovables del Recore, los antiguos pagos de capacidad que mantienen algunas centrales de gas o hidroeléctricas de bombeo, o los pagos para la gran industria que participa del actual sistema de respuesta activa de la demanda).

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