Corredor cree demostrada la "confianza" del Gobierno en Red Eléctrica por darle nuevas funciones tras el apagón

La cúpula de Redeia, la matriz de Red Eléctrica, afrontaba el examen de los dueños de la compañía dos meses después del gran apagón con la primera junta de accionistas de la corporación. La presidenta no ejecutiva del grupo, Beatriz Corredor, ha insistido en autoexculpar por completo a Red Eléctrica y en culpar en exclusiva a las eléctricas como responsables del histórico ‘cero eléctrico’ del 28 de abril. Y también ha reivindicado el respaldo que entiende que mantiene el Gobierno en la labor de Red Eléctrica como operador del sistema eléctrico, dado que el Ejecutivo le ha encomendado nuevas funciones y le ha dado más poder tras el apagón.

El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana un ‘macrodecreto’ de medidas para fortalecer el sistema eléctrico tras el apagón en el que se le encomendaron nuevas tareas a Red Eléctrica, como la elaboración de un plan de trabajo con propuestas técnicas necesarias para el buen funcionamiento del sistema, así como el desarrollo de un nuevo procedimiento de operación para coordinar el desarrollo de las redes eléctricas y también una propuesta de requisitos mínimos de monitorización de incidentes. Asimismo, el Gobierno dio más poder a Red Eléctrica dándole acceso a los datos de los 30 millones de clientes de electricidad del mercado español como ‘punto de acceso único’ de toda la información, hasta ahora repartida en las bases de las compañías eléctricas.

Una ampliación de las competencias de Red Eléctrica que han llevado a Corredor a reivindicar en la junta de accionistas que el real decreto del Gobierno “muestra su confianza en el operador del sistema con nuevas funciones”. El Gobierno, principal accionista de Redeia con un 20% a través de la estatal SEPI, ha mantenido en los dos últimos un respaldo tibio a la cúpula de la corporación. Un apoyo condicionado, además, a que las investigaciones de la CNMC y de los tribunales acaben por identificar a los culpables del apagón. Hasta entonces, el Ejecutivo ha optado por ratificar a Corredor y al consejero delegado, Roberto García Merino, en sus cargos a la espera de la depuración de responsabilidades de las instrucciones administrativas y judiciales en marcha.

Las grandes eléctricas lanzan su propio ‘contrainforme’ del apagón y culpan sólo a Red Eléctrica

La presidenta de Redeia ha vuelto a confirmar el “cumplimiento estricto de la normativa antes, durante y después del cero eléctrico” por parte de la compañía y ha señalado a las compañías eléctricas como responsables directos del incidente por no cumplir sus obligaciones legales para controlar la tensión del sistema eléctrico el día del apagón. “Lo que habría pasado si los operadores hubieran cumpliendo con sus obligaciones de control de tensión es que no habríamos tenido oscilaciones, no habríamos perdido el sincronismo, y no habríamos tenido apagón”. "Las casusas del apagón son ajenas al comportamiento de Red Eléctrica (...) Las causas son ajeas a cualquier acción u omisión de Red Eléctrica", ha sentenciado.

Corredor ha defendido la planificación realizada por Red Eléctrica del día del apagón subrayando que todos los cálculos de la compañía se realizaron "siempre considerando que todos los grupos cumplirían con las obligaciones técnicas que les impone la normativa”. En este sentido, la presidenta de Redeia ha denunciado "acusaciones infundadas y en ocasiones muy graves" y ha alertado del "riesgo reputacional" para el grupo por la "desinformación", "información interesada" y "uso malintencionado" y "sesgado" de algunos informes de la propia compañía previos al apagón.

Guerra de informes

El informe del Gobierno tras la investigación del apagón establece que el día del apagón el sistema eléctrico español no disponía de capacidad suficiente para controlar el exceso de tensión que desencadenó el colapso. Pero el Gobierno no establece cuál es la causa que más pesó para crear esta situación, y deja en el aire si se debió a un fallo de planificación de Red Eléctrica o a incumplimientos de las obligaciones legales de las compañías eléctricas. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, se encomienda a las investigaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de los tribunales para esclarecer las responsabilidades de cada cual en las causas del histórico apagón.

Red Eléctrica ha publicado su propio informe sobre el apagón -ha de hacerlo por imperativo legal como operador del sistema- y responsabiliza a los operadores privados. Y la patronal eléctrica Aelec (que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP) también ha lanzado su propio 'contrainforme' culpando sólo a Red Eléctrica del 'cero energético' por su responsabilidad como operador del sistema de garantizar la continuidad de suministro y la estabilidad del sistema. Una guerra de informes que se enmarcha en el interés de sortear las eventuales indemnizaciones multimillonarias en juego para compensar las pérdidas provocadas por el apagón. 

Frente a las críticas surgidas tras el apagón, la cúpula de Redeia ha defendido el modelo español en que el operador del sistema eléctrico y el gestor de la red de transporte de alta tensión están unidos en una sola corporación (denominado modelo TSO). “El cero peninsular del 28 de abril puso a prueba nuestra capacidad de respuesta, pero también demostró la incontestable ventaja que brinda el modelo TSO para la seguridad y fortaleza de nuestro sistema eléctrico”, ha subrayado Corredor. Un modelo que, según la directiva, permitió “una rápida y eficaz reposición del sistema” tras el colapso.

Peticiones de dimisión

Organizaciones que dicen representar a inversores minoritarios, comandadas por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y a través de sociedades del abogado Javier Cremades que han comprado acciones del grupo, han calentado la junta de accionistas criticando la labor de la cúpula de la compañía, denunciando su falta de transparencia y haber desinformado al mercado, y han reclamado la dimisión de Corredor.

Dos accionistas minoritarios incluso han conseguido incluir sobre la marcha en el orden del día de la asamblea una votación sobre el cese de Corredor como presidenta de Redeia, que ha sido rechazado por el 98% de socios que han votado en la junta. En otro momento de tensión, Corredor ha llegado a retirar la palabra a un accionista tras llamar de manera reiterada "cobardes" a los miembros del consejo de administración por haber organizado la asamblea de manera exclusivamente telemática, una fórmula excepcional y que sólo se había utilizado en lo peor de la pandemia de covid.

Los accionistas sí han aprobado otros cambios en el consejo de administración y que suponían un reequilibrio del poder político entre PSOE, PP y ERC. Los socios han aprobado la entrada como consejera dominical en representación del holding estatal SEPI de la exministra socialista de Exteriores Arancha González Laya, y como nuevos consejeros independientes de Natalia Fabra (que ha ejercido como asesora en materias clave del Ministerio para la Transición Ecológica) y de Albert Castellanos Maduell (ex alto cargo de la Generalitat catalana gobernada por ERC). Y también han dado luz verde a la reelección como independiente de José María Abad Hernández, afín al Partido Popular.

Por otro lado, el consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino, ha subrayado que la compañía ha triplicado en los últimos cinco años su media histórica de inversión, pasando del nivel medio de 400 millones a más de 1.100 millones el año pasado, y subiendo. “El objetivo para este ejercicio es alcanzar los 1.400 millones de euros, lo que permitirá superar los 4.200 millones de euros de inversión acumulada en el periodo 2021-2025, muy por encima de las previsiones iniciales”, ha destacado el CEO. El grupo trabaja en un nuevo plan estratégico para alinear con la nueva planificación de la red eléctrica que prepara el Gobierno hasta 2030 y que contemplará "un volumen de inversiones sin precedentes", ha anticipado García Merino.