El sector carga contra las medidas del PSOE en vivienda y dudan de que puedan ser aprobadas

El sector inmobiliario ve —una vez más— con malos ojos el último movimiento en materia de vivienda del Gobierno: el PSOE registró este jueves en el Congreso una proposición de ley en la que materializa gran parte de los anuncios realizados en esta materia por el presidente Pedro Sánchez en enero. Fuentes consultadas lo califican como un "panfleto electoral" y acusan el Ejecutivo de "hacer populismo con la vivienda", restan importancia a las consecuencias que tendrán en el mercado y dudan que el Ejecutivo logre armar los apoyos parlamentarios suficientes para aprobarla en las Cortes.

Y es que, pese al positivismo inicial que inundó al sector cuando Sánchez recuperó el Ministerio de Vivienda y situó al frente a la portavoz del Ejecutivo durante la anterior legislatura, Isabel Rodríguez, la situación actual es de distanciamiento y ruptura total a pesar de no haberse alcanzado el ecuador del mandato. El sector entiende que la cartera ha virado en sus políticas y ha dejado de tener en cuenta al sector privado como parte de la solución del problema de la vivienda en España. Solo las patronales, principalmente la CNC y la APCE, mantienen la lealtad institucional.

El sector resta importancia a las medidas

Aunque la mayoría de las medidas incluidas no gustan, las empresas intentan restar importancia a la proposición de ley porque consideran que es prácticamente imposible que sea sacada adelante con los actuales apoyos que cuenta el Gobierno en las Cortes. Tal y como ha informado El Periódico este viernes, Isabel Rodríguez no cuenta ni siquiera con el sí de Sumar para algunas de las medidas incluidas en el texto, como las desgravaciones fiscales a caseros, una de las pocas que pueden gustar entre las formaciones más conservadoras y el sector.

La reforma del régimen fiscal de las socimis no preocupa entre las cotizadas, después de que esta se circunscriba exclusivamente a las que tienen viviendas en patrimonio, una minoría. Estas deben repartir por ley el 80% de su beneficio para estar exentos de tributar impuesto de sociedades. El 20% restante, en caso de no distribuirse, pasaría de un tipo del 15% al 25% si la norma saliese adelante. Algunas compañías cotizadas consultadas ironizan con la posibilidad de repartir lo máximo para no pagar más impuestos. Y, aunque finalmente tuviesen que pagarlos, apuntan que la cuantía y el impacto en las arcas públicas sería mínimo. Sobre el cerco a los pisos turísticos, que incluye elevar su fiscalidad al 21% a través de la imposición de IVA, fuentes consultadas explican que "no es una idea del Gobierno", sino una trasposición de una norma de la Comisión Europea que tarde o temprano tendría que aplicar.

El sector cuestiona la legalidad del nuevo ITP a extranjeros

Lo que más preocupa entre algunas de las empresas consultadas está el nuevo impuesto de transmisiones patrimoniales que pretenden crear para recargar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes de la Unión Europea. Este tributo, que será de hasta el 100% del valor catastral del inmueble, del precio declarado o del valor de mercado, según algunas fuentes consultadas, podría ser anticonstitucional por "imponer cargas desproporcionadas o injustificadas". "Tiene un carácter confiscatorio", apunta un profesional del sector. El Gobierno intentó también imponer este tributo a residentes del Viejo Continente, pero dio marcha atrás por ir contra los tratados de libre comercio y después de los varapalos judiciales sufridos por ejecutivos de otros países al implantar normas similares.

Descontrol y falta de conocimiento

Las empresas aquejan la falta de conocimiento que hay en el Ministerio sobre el problema de la vivienda en España, especialmente en cómo debe resolverlo dada la inexperiencia del equipo que rodea a la ministra en materias como la promoción, construcción y gestión de vivienda. La práctica totalidad de los perfiles próximos a Rodríguez carecen de un track record demostrable fuera del ámbito público o educativo, algo que las empresas creen crucial para conocer las dificultades en las que se encuentran en su actividad y los cuellos de botella que sufre la industria inmobiliaria para poner en el mercado más oferta que pueda contener los precios.

Adicionalmente, en los últimos meses, Vivienda ha cesado a varios colaboradores de perfiles técnicos y bien relacionados en el sector, que han sido sustituidos por otros profesionales más políticos. Por ejemplo, la incorporación de Eduardo González de Molina, adelantada en primicia por este periódico, en el pasado secretario técnico del grupo de Vivienda Digna de Sumar, responde a este tipo de movimientos. A esto hay que sumar el desconcierto existente sobre quién encabeza las medidas: una parte del sector cree que Rodríguez y su equipo cada vez participa menos en el diseño de la política de vivienda, frente al protagonismo que habrían cogido en la sombra el equipo de asesores de Moncloa, entre ellos Diego Rubio, jefe de gabinete de Pedro Sánchez.