Alerta de Hacienda por los pagos con tarjeta: a partir de esta cantidad hay que pagar

Tal y como se ha podido ver en estos días con el debate sobre el IRPF y el salario mínimo, la política tributaria de nuestro país está más viva que nunca y en pleno debate. La redistribución de la riqueza (un principio clave recogido en nuestra Constitución) sigue siendo un tema candente y crucial para la justicia social.

Sin embargo no son pocos los actores políticos y sociales que buscan saltarse este mecanismo de bienestar común con el fin de maximizar su propio beneficio, muchas veces a costa del sistema fiscal.

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Uno de los últimos ejemplos de este debate que está calando hondo en la sociedad española tiene que ver con el control de los pagos realizados a través de tarjeta. Hacienda (en su constante esfuerzo por garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y frenar prácticas fraudulentas) ha anunciado un cambio importante que afecta directamente a los pagos con tarjeta de crédito y débito.

Hacienda y los pagos con tarjeta en 2025

A partir de 2025 las entidades emisoras de tarjetas deberán informar a la Agencia Tributaria sobre aquellas operaciones que superen los 25.000 euros anuales por cada tarjeta. Esta medida no solo aplicará a las tarjetas tradicionales de crédito o débito: también va a afectar a las tarjetas prepago, las tarjetas virtuales e incluso a los métodos de pago electrónicos como pueden ser Bizum o PayPal.

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Será el banco, según este nuevo sistema normativo, el que se va a encargar de elaborar y presentar un informe anual a Hacienda con los detalles de las transacciones superiores a esa cantidad. Este informe deberá incluir el número total de operaciones realizadas, los importes correspondientes y la identificación del titular de la tarjeta.

Pero al fin y al cabo, lo que se está buscando en el fondo no es complicar la vida a los usuarios, sino ofrecer a la Agencia Tributaria los medios para luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en un entorno cada vez más digitalizado.

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Aunque esta medida no implica que los usuarios deban realizar ningún trámite extra, sí será un control mucho más exhaustivo sobre los pagos realizados a través de tarjeta y otros métodos electrónicos. Para las empresas y autónomos, sin embargo, la carga administrativa será mayor, ya que, además de la declaración anual, deberán reportar mensualmente los pagos efectuados a través de tarjetas o aplicaciones de pago móvil.

La primera declaración bajo esta normativa se realizará en 2026, y abarcará los movimientos efectuados durante 2025. Este es el marco temporal que se ha establecido para que tanto los usuarios como las entidades financieras puedan adaptarse a los nuevos requisitos. Pero más allá de la logística, esta medida responde a un propósito claro: evitar que se sigan realizando grandes movimientos de dinero sin que sean registrados, algo que favorece las prácticas ilegales.