Energía

Las comunidades renovables hacen caja con sus instalaciones eólicas y fotovoltaicas

Aragón y País Vasco se suman a otras cuatro comunidades que gravan unas instalaciones que también tributan en los municipios en los que se instalan

Paneles solares

Paneles solares / Pixabay

El 30 de mayo entró en vigor el "impuesto medioambiental" sobre parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón, que pretende gravar las "afecciones medioambientales y visuales adversas sobre el medio natural, el paisaje, la flora y la fauna" que producen este tipo de instalaciones y a principios de 2025 se prevé que ocurra lo mismo en el País Vasco. Son las últimas de un total de seis autonomías en decidir cobrar un peaje a los promotores de energías renovables por instalar sus proyectos en su región, junto a Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cantabria.

"Es probable que este tipo de impuestos tiendan a generalizarse. Pero con la subida de los tipos de interés y los costes de los materiales en toda la cadena de valor, añadir más presión fiscal, cuando las instalaciones ya pagan el IBI y el ICIO a nivel municipal, no sé si es una buena medida para fomentar este tipo de energías", reconoce el responsable de políticas climáticas de la Fundación Renovables, Ismael Morales. "Es importante que los beneficios financieros o económicos de las renovables se queden en el territorio, pero aumentar las cargas fiscales a la energía eólica y fotovoltaica a nivel regional es más difícil de controlar qué hace la comunidad autónoma con ese dinero", añade.

En el caso de Aragón, el impuesto grava la potencia, la altura y longitud de los aerogeneradores y el diámetro de las palas, mientras que para la fotovoltaica cuenta la superficie vallada del parque. La previsión del Ejecutivo aragonés es que ingresar 16 millones de euros este año y alcanzar más de 40 millones a partir de 2026 y 2027, cuando el gravamen comience a funcionar a pleno rendimiento, pues las nuevas instalaciones tendrán exenciones del 100% el primer año y del 50% en el segundo. Y su compromiso es destinar al menos un 50% de la cuantía que recauda a las zonas donde se ubican los parques.

Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que fueron las primeras en establecer una tasa al recurso eólico en 2009, 2011 y 2018, respectivamente, ingresaron unos 100 millones de euros en 2021 por este concepto, según se desprende del informe 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral', elaborado por el Consejo General de Economistas. El organismo afirma los tributos medioambientales (incluye aquí otros gravámenes como las tasas a las emisiones, a la producción nuclear o hidráulica) tienen una recaudación "tan exigua que muy probablemente, si realizásemos un análisis coste-beneficio, sería negativo, pues con mucha probabilidad la recaudación obtenida no cubre los gastos de gestión de los mismos".

Estas tres comunidades son con Aragón cuatro de las cinco regiones con más potencia instalada de todo el territorio. La quinta en discordia, Extremadura, ha descartado poner en marcha una figura fiscal como una tasa o un impuesto con el objetivo de recaudar dinero por actividades de producción energética. Pero empiezan a surgir otras autonomías -como en Cantabria y Aragón- que se adelantan al hecho en sí y deciden legislar una figura impositiva antes de tener inversiones renovables importantes.

Otras, como Catalunya, pese a ser la principal productora de energía en España, se quedan al margen de esta tendencia, en parte por el retraso que arrastra en la implantación de renovables. El rechazo social y un decreto, que se mantuvo entre 2009 y hasta 2021, e impedía en la práctica el desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos en esta comunidad.

Rechazo del sector

Estos primeros gravámenes, que afectaban solo a las instalaciones eólicas, surgieron como una especie de "compensación territorial" en un momento en el que estas recibían un apoyo público, a través de primas a las renovables, de forma que el gravamen era una forma de "hacer que las comunidades se quedaran con una parte del dinero que recibían del Estado", según explica el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático en Asociación Empresarial Eólica (AEE), Heikki Willstedt.

El común denominador en todos los casos es la finalidad medioambiental, que presupone la reducción del impacto de una actividad al mínimo posible. "Si la tasa de Aragón estuviera bien pensada darían una solución para poder pagar menos para reducir la huella de esta actividad, pero la manera de pagar menos sería poner un aerogenerador más pequeño y entonces se genera menos energía. No incentiva la reducción del impacto medioambiental, sino el aumento", explica. Ante tanto caos regional, el dirigente plantea que lo óptimo sería que el Gobierno central abriese un debate "honesto" con las comunidades y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) sobre una fiscalidad medioambiental para compensar a los territorios en los que se instalen renovables, de forma ordenada y sin sorpresas.

Desde la patronal fotovoltaica descartan un debate así y plantean la eliminación de cualquier gravamen. En su caso, las únicas comunidades que penalizan a los paneles solares son las que han legislado de forma reciente, Aragón y País Vasco. "La justificación medioambiental es absolutamente falsa, lo que hay detrás es la promesa electoral de eliminar el impuesto de sucesiones y patrimonio y tenían que cubrirlo de alguna manera", denuncia el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso.

"El mensaje que se da a los inversores internacionales es que España vuelve a tener inseguridad jurídica. La sensación con este impuesto que aplica de forma retroactiva es que pueden poner un impuesto en cualquier momento o variar este. Si la gran ventaja competitiva que tiene la fotovoltaica en nuestro país, con más horas de sol y plantas a gran escala, hace que podamos producir energía eléctrica un 50% más barato que el resto de Europa y nos la comemos con impuestos podemos perder oportunidad de industrializar nuestro país", añade Donoso.