Los Veintisiete examinan las últimas medidas para aplacar la cólera de los agricultores

“Hablando en plata, si los agricultores han salido en masa a la calle en más de 20 países es porque tienen motivos para ello. Queremos convencer a los políticos de que la agricultura es un recurso estratégico para la UE (…). Esperamos que los ministros sepan entender la importancia y la gravedad de la situación”, decían el viernes al unísono los dos responsables del COPA-COGECA, Christiane Lambert y Lennart Nilssen, en vísperas de la reunión que celebran este lunes los ministros de agricultura de la UE. A examen, la última batería de medidas a corto plazo promovida por la Comisión Europea para simplificar y aliviar las exigencias medioambientales con las que tienen que cumplir los agricultores para cobrar las ayudas de la Política Agrícola Común.

“No somos reacios ni hostiles ni a la transición (ecológica) ni al cambio, pero nos oponemos a un ritmo poco realista y a este cronograma”, insistía Lambert que denuncia la “avalancha de normas y directivas” a las que se enfrentan los agricultores desde que entró en vigor la nueva PAC el 1 de enero de 2023 y que ha prendido la mecha de las protestas que recorren numerosos países europeos. Este lunes de hecho se espera de nuevo un desfile de tractores en el corazón de las instituciones europeas para denunciar el “tsunami normativo en el que vivimos”, añade Nilssen.

Ambos representantes del sector celebran la batería de medidas planteadas en las últimas semanas por la Comisión Europea, empezando por la derogación temporal parcial del barbecho y la retirada de la propuesta para reducir el uso de productos fitosanitarios a la mitad, aunque denuncian que, lo mismo que el “diálogo estructural” lanzado por la presidenta de la Comisión, 

, llegan tarde, ante una situación “acuciante”.

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Nuevo debate este lunes

“Hemos perdido un 25% de las ayudas de los agricultores, se nos han sumado los ecoregímenes -es decir un endurecimiento de las exigencias normativas que deben respetar- y en muchos países los agricultores no pueden cumplir con las normas y pierden las ayudas”, avisan. A todo esto, se suman las medidas para controlar las importaciones ucranianas que han desatado enfrentamientos en la frontera de Ucrania y Polonia. Una presión que ha desembocado en nuevas medidas planteadas por Bruselas a los Veintisiete y que se abordarán durante un debate en un Consejo que inicialmente solo figuraba como “posible” en el calendario de la presidencia semestral belga, que ha decidido mantenerlo ante la presión del campo.

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España ha recibido positivamente las medidas sugeridas por Bruselas y consideran que es un primer paso, aunque admiten que la situación no va a cambiar “de la noche a la mañana”. Desde el gobierno dan la “máxima importancia” a la reducción de las cargas administrativas para los agricultores y la revisión de las obligaciones medioambientales de las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM), que se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y que deben cumplir los agricultores de la UE para acceder a las ayudas. El ministro de agricultura, Luis Planas, defenderá durante el debate el plan de 18 medidas diseñado por el gobierno y que incluye propuestas sobre simplificación administración y la derogación de varias de las medidas como la rotación de cultivos.

Cambios a corto plazo

La Comisión Europea ha admitido está semana que algunas de las normas de la PAC han demostrado ser “difíciles de aplicar en determinadas circunstancias” y ha abierto la puerta a hacer cambios a corto plazo, antes de mediados de marzo. Bruselas plantea por ejemplo modificar las normas que imponen el requisito de mantener estables las superficies de pastos permanentes en la UE desde el año de referencia 2018. También plantea simplificar la metodología para determinados controles, con el objetivo de reducir hasta un 50 % el número de visitas a las explotaciones por parte de las administraciones nacionales. Y revisar el uso del concepto de fuerza mayor y circunstancias excepcionales que permite a los agricultores que no pueden cumplir con los requisitos de la PAC por acontecimientos excepcionales e imprevisibles fuera de su control no se le impongan sanciones.

Además, a medio plazo sugiere la posible adopción de medidas adicionales con cambios más profundos en la PAC para aliviar la situación de los pequeños agricultores, en particular una posible exención para las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas de los controles relacionados con el cumplimiento de los requisitos medioambientales. Esta exención, alega la Comisión, “simplificará significativamente el trabajo diario de los pequeños agricultores, que representan el 65 % de los beneficiarios de la PAC, manteniendo al mismo tiempo las ambiciones medioambientales de la PAC, ya que las pequeñas explotaciones solo cubren el 9,6% de las zonas que reciben ayudas de la PAC”. Lo que de momento no se plantea para este debate del lunes es introducir cláusulas espejo en los acuerdos comercios o medidas para lograr precios más justos.