Energía

El Gobierno inicia los trámites para regular las comunidades energéticas

Las comunidades energéticas están formadas por grupos de personas que producen, consumen, almacenan, comparten y venden energía renovable de forma colectiva

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Sara Ledo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inicia los trámites para regular las comunidades energéticas, una forma de consumo y producción de energía que ha ido creciendo en los últimos años en España pero que carecía de reglas específicas. El departamento que lidera la vicepresidenta Teresa Ribera ha sacado a información pública una propuesta de Real Decreto en el que se establece la definición, requisitos, derechos y obligaciones de esta figura. Como novedad, la norma fija un cupo específico en las subastas renovables para estas comunidades --algo que ya se incluyó en las últimas subastas, aunque sin demasiado éxito-- y una reserva del 5% de la capacidad en los nudos de la red eléctrica reservados para los concursos de acceso y conexión. Los interesados pueden presentar alegaciones hasta el 17 de mayo.

Las comunidades energéticas están formadas por grupos de personas que producen, consumen, almacenan, comparten y venden energía renovable de forma colectiva. Su finalidad principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno, más que una rentabilidad financiera. Y su ámbito de actuación no se circunscriben solo a la electricidad --a través del autoconsumo con placas fotovoltaicas--, sino que también a impulsar la eficiencia energética, o centrarse en otros usos como el transporte o el suministro de calefacción y refrigeración.

Así, un ejemplo de comunidad puede ser un pueblo con instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo colectivovehículos eléctricos compartidos y puntos de recarga, una calefacción centralizada de biomasa y solar térmica (que también permita climatizar unas instalaciones deportivas), y un sistema de gestión de la demanda de energía, junto con una aplicación para informar a los participantes.

La norma distingue entre comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía. Entre los elementos comunes de ambas destacan que pueden adquirir distintas formas jurídicas (o asociación, cooperativa, sociedad, organización sin ánimo de lucro o pyme), participar en todos los mercados organizados de producción de energía eléctrica, y que deben estar integradas por un mínimo de cinco socios o miembros, sin que ninguno supere el 51% de los votos, que han de ser personas físicas, administraciones locales o empresas de pequeño tamaño. La principal diferencia reside en que las comunidades de energías renovables los socios o miembros deben estar situados en las proximidades de las instalaciones de renovables, a una distancia que dependerá de la población del municipio.

Más de 50 comunidades

En España, según datos del Instituto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) hay actualmente 50 comunidades energéticas. Una cifra que distan mucho de países como Alemania o Dinamarca que cuentan con centenares de proyectos de este tipo gracias a su fuerte tradición de propiedad comunitaria y empresas sociales. Algunas de las comunidades más conocidas son Enercoop en la Comunidad Valenciana o Som Mobilitat, cooperativa catalana sin ánimo de lucro que desde 2017 permite compartir el alquiler de coches a sus socios a través de una plataforma.

Una regulación específica ha sido la principal carestía en España y una de las exigencias más repetidas por parte de los grupos surgidos al calor del interés comunitario. La Comisión Europea introdujo esta figura en la legislación comunitaria en el denominado Paquete de Invierno. Entonces, estableció la definición de comunidades ciudadanas de energía, incluida en la Directiva de Mercado Interior de la Electricidad, y comunidades de comunidades de energía renovables, incluida en la revisión de la Directiva de Energías Renovables. España debía haber traspuesto ambas antes del 30 de junio de 2021, por lo que el Gobierno quiere aprobar este proyecto normativo "cuanto antes".

Fondos europeos

Entre las ayudas al proyecto estratégico (PERTE) de renovables, hidrógeno verde y almacenamiento hay una partida de 100 millones de euros para apoyar proyectos de este tipo. El Ejecutivo ha resuelto ya dos de las cuatro convocatorias dotadas con 40 millones que han beneficiado a 73 comunidades integradas por más de 95.000 socios. "Algo que ha tenido mucho éxito en España ha sido facilitar en pequeños pueblos la creación de comunidades energéticas locales. Para ello, los alcaldes pueden facilitar el acceso a la energía fotovoltaica y eólica a sus comunidades y crear cooperativas que les ayuden a reducir sus facturas energéticas. Ha sido fantástico. La reacción ha sido abrumadora. Tenemos mucha más demanda que capacidad de respuesta", destacana esta semana la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un programa de televisión en Estocolmo.