Así quiere movilizar Sánchez 50.000 viviendas en alquiler social y asequible

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la movilización de 50.000 viviendas para alquiler social y asequible de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en la clausura de la convención que el PSOE ha celebrado este fin de semana en Valencia. Esta medida será aprobada en el Consejo de Ministros el próximo martes, pero ya fue comunicada a sus señorías en el Senado hace un mes y medio, según confirman fuentes del 'banco malo'.

Este plan, recogido por El Periódico de España en marzo, incluye 21.000 viviendas que podrán comprar comunidades y ayuntamientos para solucionar la emergencia habitacional de sus regiones; hasta 15.000 pisos que se construirán para alquiler asequible en suelos de Sareb, de la mano de empresas privadas; y la propuesta de un alquiler social a 14.000 inmuebles en situación irregular.

Administraciones públicas

Pedro Sánchez ha anunciado que Sareb pondrá al servicio de las comunidades autónomas y los ayuntamientos 21.000 pisos para su venta. Según explica Sareb a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, se trata de activos preparados para enajenar a particulares, que la empresa semipública ofrecerá también a administraciones públicas.

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Esta fórmula no es nueva y ya se ha ejecutado en numerosas ocasiones. Precisamente, este año, en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig llegó a un acuerdo para adquirir 500 pisos a la entidad por 50 millones de euros. También, en las últimas semanas, la Xunta de Galicia compró 40 inmuebles por 3,5 millones y la Región de Murcia otros 15.

Las 21.000 unidades que ha prometido el presidente del Gobierno deberán ser ejecutadas con los fondos propios de comunidades y ayuntamientos, con base a sus presupuestos, que normalmente son muy limitados en materia de vivienda social.

Vivienda asequible

El plan de construir hasta "15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb", que ha anunciado Pedro Sánchez en Valencia, se le conoce como Plan Viena. Consiste en un acuerdo público-privado en el que el 'banco malo' cederá parcelas a empresas, seguramente grandes promotoras y fondos de inversión internacionales, para que construyan pisos en alquiler asequible, es decir, los inquilinos pagaran una renta por debajo de mercado, entre un 10% y un 30%.

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Se trata de un plan similar al que ya ha puesto en marcha la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona y su área metropolitana. En este tipo de formatos de colaboración público-privada, la administración aporta los terrenos y el privado la construcción. Una vez ya están terminadas las obras, el privado alquila las viviendas y recibe las rentas durante un largo periodo de tiempo, entre 45 y 65 años. Cuando el plazo vence, la administración recupera la titularidad de los activos.

Aunque su aprobación en el Consejo de Ministros sea la próxima semana, se trata de un plan a largo plazo. Actualmente, está siendo diseñado por la consultora PwC y será difícil que se ejecute en un plazo inferior a tres o cuatro años. ¿Por qué? Cuando finalice el asesoramiento económico-financiero y jurídico-fiscal de la 'big four' y se diseñe la fórmula final, Sareb deberá lanzar una licitación y captar el interés inversor. Este apetito podría verse mermado por las políticas que ha aprobado el Ejecutivo, como la ley de Vivienda, que dejan en el aire algunos de los planes de negocio que han diseñado los fondos de inversión internacionales en España en los últimos años.

En caso de que haya inversores interesados en este plan y logren sacarlo adelante, el periodo de adjudicación tardará meses. A esto hay que sumar el plazo que se necesita para obtener las licencias de obra y la propia construcción en sí, que puede durar años. Además, este plan se enfrenta a una industria que solo es capaz de producir 100.000 viviendas al año. La propia Comunidad de Madrid, en su Plan Vive, quería licitar la construcción de 15.000 pisos durante la presente legislatura y solo ha conseguido sacar adelante 6.600.

14.000 viviendas para personas vulnerables

En la información enviada por el PSOE a los medios de comunicación, se detalla que el Ejecutivo "impulsará el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas" del parque de Sareb, una cifra que el 'banco malo' ha cifrado en 10.000.

Actualmente, esta labor está ya en marcha y la gestión está externalizada a Servihabitat, la compañía de gestión de ladrillo tóxico del fondo estadounidense Lone Star y CaixaBank. Este 'servicer' detecta pisos que estén ocupados ilegalmente y, "uno por uno", analiza la situación de los residentes, con el fin de conocer si están en una situación de vulnerabilidad. En caso de que no exista, comienzan los trámites para ejecutar el desahucio.

Si la familia o individuo se encuentra en una situación problemática, se paraliza el lanzamiento y se negocia un alquiler social, que no podrá superar el 30% de los ingresos que perciban. A mayores, realizan un acompañamiento para mejorar la situación del inquilino, con planes de formación y empleo.