La empresa de la mina de Barcelona, entre las críticas y el amparo de la Administración

La firma israelí ICL ha desarrollado su actividad en Cataluña entre el amparo de la Administración y las críticas de sus competidores y los ecologistas. Clavo ardiente entre el conflicto eterno entre la defensa medioambiental y el desarrollo industrial, la herencia de la actividad extractora de potasa de ICL son unas montañas ciclópeas de desechos de sal y ratoneras gigantes excavadas que tanto pueden ser mina como atractivo turístico. También está en el foco de las críticas de la competencia y por los accidentes laborales mortales que se han producido en los últimos años en el marco de una actividad industrial de alto riesgo.

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Desde que se descubrió la potasa en el municipio de Súria, en 1912, la comarca del Bages afrontó cambios en la configuración de la Cuenca Potásica Catalana. En 1982 la empresa explotadora pasó a propiedad del Estado (el grupo Potasas) y en 1998 fue adquirida por una empresa privada por el equivalente a 103,4 millones de euros con el nombre de Iberpotash. Según la SEPI, "la privatización del Grupo Potasas se planteó como la búsqueda de socios que permitieran a este grupo minero mejorar en términos de competitividad y rentabilidad, mediante la aportación de mejoras desde el punto de vista tecnológico, productivo y comercial". Se diseñó para ello el denominado Plan Phoenix, que debía aportar el equilibrio entre la actividad industrial de la extracción de potasa y la mejora medioambiental del entorno degradado por los excedentes de sal. Pero pese a esos planes, las minas de Súria y Sallent han estado siempre entre el disparadero de grupos ecologistas y productores de sal y la protección de la Administración. 

"Los tribunales fallaban en contra y la Generalitat miraba hacia otro lado", aseguran en fuentes de la competencia de ICL. La principal crítica siempre ha sido que ICL "ha gozado de trajes a medida para legalizar la actividad extractiva promoviendo una regresión medioambiental y, en definitiva, el apoyo a los intereses de la empresa". A cambio de su actividad industrial, ICL se comprometió con la Administración a la restauración progresiva del depósito salino del Cogulló, puesto en marcha en 1977 para acumular los desechos salinos de la extracción de potasas. El cierre del depósito comporta la purificación del material salino almacenado vendiéndolo como producto. Se prevé que los trabajos de restauración de este depósito duren una cuarentena de años. Para la venta de potasa y sal se ha establecido incluso una línea férrea con el Puerto de Barcelona con depósitos gigantescos y zonas para la carga de buques de alta capacidad, un negocio millonario.  

Pero por cada tonelada de potasa del Bages se generan tres toneladas de residuos de sal altamente contaminantes, por lo que ICL se comprometió a cambio del incremento de producción de potasas a la reducción de las montañas de sal ya acumuladas. La gran producción de sal de la zona desató las críticas entre los competidores salineros, que han visto a ICL como un competidor que ha recibido trato preferente de la Administración y tamaño suficiente para influir en los precios de la sal, aunque la mayoría de la producción se destina a usos industriales de bajo nivel (como sal para mantenimiento de carreteras en invierno). 

Actividad ilegal

Y lo cierto es que el acuerdo industrial con ICL logró incluso sortear hasta una decisión del Tribunal Supremo en 2015, que consideró "ilegal" la actividad minera de ICL, en Sallent, tras el recurso de casación que la empresa y la Generalitat presentaron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anuló en octubre del 2003 la autorización ambiental dada por el Gobierno catalán. Y es que la montaña de sal de El Cogulló es un verdetedero al aire sin impermeabilización, que según todos los estudios ha seguido durante años contaminando el agua del Llobregat, que abastece al área metropolitana de Barcelona.

Las presiones para que la extracción de potasa se paralice se han mantenido siempre. En 2065, cuando venza la concesión, los ecologistas consideran que no se habrá podido realizar la restauración del entorno natural, por lo que habrá que alargar la concesión y que ICL tenga que construir nuevas plantas para el tratamiento de sal. 

La situación actual de carestía de agua e incremento de los costes energéticos pone en aprietos los objetivos de eliminación de residuos de sal y la actividad de ICL en Cataluña en el futuro. El balance del pasado año de la empresa corrobora al menos coyunturalmente esta situación, con un alza de la facturación pero también de las pérdidas. La multinacional israelí disparó los ingresos un 36% en 2022 con incrementos tanto de volumen como de precios en la potasa e invirtió 58 millones de euros en sus instalaciones catalanas en 2021. Tras el impacto inicial de la pandemia y del cierre de las instalaciones de Sallent en 2020, ICL casi logró volver a los niveles de ingresos previos al covid. Sin embargo, la filial acabó incurriendo en unas pérdidas de 44 millones de euros por el incremento de los costes energéticos.