El Govern balear aboga por poner límites a quienes tengan cinco o más viviendas

El anuncio de un posible acuerdo para la ley de vivienda estatal ha insuflado una importante dosis de optimismo para el Govern balear porque la dificultad para acceder a un inmueble se ha convertido en uno de los principales problemas para los ciudadanos de las islas. La nueva norma tiene dos ideas fundamentales: la catalogación de grandes tenedores, es decir aquellos con una importante suma de propiedades, y la posibilidad de declarar zonas tensionadas el Govern quiere que toda Balears lo sea, lo que permitiría a las Comunidades Autónomas limitar el precio del alquiler. Según las últimas informaciones, las regiones dispondrían de seis meses para presentar su propuesta ante el Ministerio antes de estar en disposición de actuar.

Aunque la modificación sustancial reside en la catalogación de gran tenedor. En un primer momento hacía referencia a aquellas personas físicas o jurídicas que fueran titulares de más de 10 viviendas o de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, pero las últimas negociaciones con los socios (Podemos, ERC y EH Bildu, principalmente) han provocado que el Gobierno de Pedro Sánchez abra la puerta a reducir el umbral de gran tenedor a quienes tengan cinco o más viviendas en propiedad. Así lo evidenció la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una entrevista con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica: "Se trataría de que el límite de diez inmuebles para ser considerado un gran tenedor pueda situarse en una horquilla inferior, de 5 a 10, siempre y cuando la Comunidad Autónoma pueda acreditar que es un área tensionada con la justificación previa". La diferencia entre un pequeño y un gran tenedor es importante porque, una vez se haya declarado la zona tensionada para empezar a restringir los precios, los primeros no se verán afectados. En cuanto a las zonas tensionadas, el concepto se refiere a aquellas regiones en las que el coste de la hipoteca o el precio del alquiler supere el 30 por ciento de los ingresos medios de los hogares, así como aquellos territorios en los que el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años.

Pese al anuncio de Sánchez, en el Govern prefieren ser cautos porque la ley aún no está aprobada y, por tanto, sigue sujeta a modificaciones, aunque las previsiones apuntan a que será convalidada por el Congreso en febrero para que las Comunidades puedan acelerar los procesos. Por ello su portavoz, Iago Negueruela, expresó ayer que este tema se había tratado en el Consell de Govern y reclamó que se apruebe cuanto antes la ley porque «recoge las aportaciones que enviamos desde aquí y nos permitiría el desplegamiento de nuestras normativas». Además, reclama al Partido Popular que vote a favor de la norma y "deje de hacer demagogia" con la vivienda, aunque los ‘populares’ se han posicionado en contra desde el primer momento. 

Hace escasos meses el PSIB y toda la oposición rechazaron esta misma propuesta presentada en el Consell de Mallorca por parte de Podemos con el apoyo de Més per Mallorca. La presión por parte de los socios se ha incrementado en los últimos meses porque, según defienden, las islas viven una situación de «emergencia habitacional», pero hasta el momento los socialistas no se habían abierto a plantear la posibilidad de rebajar el umbral de gran propietario.

Asimismo, la ley incluiría una opción para que los ayuntamientos pudieran subir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías con el objetivo de incentivar que los propietarios pongan los pisos en el mercado. En este caso, posibilitarían a las administraciones locales realizar este aumento en caso de que tengan más de cuatro inmuebles y que lleven tiempo vacíos, con un recargo del 50 por ciento en caso de que lleve más de dos años vacío y del 100% si supera los tres años.