Gobierno

El Gobierno veta durante cinco años la deslocalización de grandes empresas que reciban ayudas

El anteproyecto de ley de industria obligará a las compañías a anticipar al Gobierno sobre el cierre o la disrupción de actividad que supongan pérdidas de empleo

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. / EP

Sara Ledo

A su llegada al ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 2018, la candidata a alcaldesa de Madrid, Reyes Maroto, se tuvo que enfrentar a una serie de llamadas de cierre y reducción de empleo de grandes multinacionales emplazadas en España. Entre ellas, la del fabricante de aerogeneradores danés Vestas, la cementera mexicana Cemex o el astillero La Naval. Aunque el más sonoro de todos fue el de la multinacional del aluminio Alcoa, empresa que había recibido durante años millonarias subvenciones por parte del Ejecutivo. Para evitar situaciones como esta, el Gobierno obligará a las empresas beneficiarias de ayudas públicas a mantener su actividad productiva en este país durante 5 años en el caso de grandes empresas y de 3 años si son pymes.

Esta es una de las principales medidas incluidas en el anteproyecto de ley de industria, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado este lunes, según ha relatado la ministra Reyes Maroto en la rueda de prensa posterior a dicho encuentro. La norma, anunciada en octubre de 2018 por la propia ministra con el compromiso de llevarla al Congreso "de forma urgente", según dijo entonces, busca actualizar el marco regulatorio vigente, que data de 1992. Esta reforma forma parte, además, de los compromisos del Gobierno con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación. Sobre el riesgo de que este anteproyecto no llegue a nada con la disolución de las Cortes Generales por las próximas elecciones, Maroto ha defendido que tratarán de "agilizar" el proceso para que se pueda "aprobar pronto en su segunda vuelta en el Consejo de Ministros" y llegar, así, al Congreso.

Además, el anteproyecto de ley obliga a las empresas "en determinadas circunstancias" a anticipar al Gobierno el cierre o la disrupción de actividad que suponga una "importante pérdida de puestos de trabajo". En estas circunstancias, ha explicado Maroto, se creará una mesa de reindustrialización donde participará la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para buscar fórmulas de "prevención, corrección y mitigación de los efectos de estas crisis industriales". Esta medida, de nuevo, recuerda al caso de Alcoa, cuando el anuncio de irse de España puso en marcha una serie de reuniones entre todos los agentes (administraciones, sindicatos y empresa) que derivó en la venta de sus fábricas de A Coruña y Avilés y el mantenimiento de la planta de San Cibrao (Lugo).

Ecosistemas industriales

La nueva ley pone también el foco en los ecosistemas industriales como polos de desarrollo industrial, especialmente aquellos que tienen la consideración de estratégicos, promoviendo las medidas de apoyo a los mismos, y regula por primera vez los proyectos industriales de interés general como aquellos que cumplan al menos dos de las tres condiciones siguientes: significativo volumen de inversión y empleo indefinido, proyectos dentro de ecosistemas industriales definidos o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional, o alineados con los objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación europea.

En este sentido, Maroto ha puesto el acento en los anuncios de inversión de Cepsa de 5.000 millones de euros en Andalucía para impulsar el hidrógeno verde, los 10.000 millones comprometidos por la naviera Maersk, también en Andalucía y en Galicia, o el anuncio de Cisco de diseño de microchips. "El Gobierno da confianza y estabilidad y esta ley viene a completar el compromiso político que asumí cuando llegué al Ministerio de Industria y que se completará con un pacto por la industria que ya tenemos acordado con los agentes económicos y sociales", ha afirmado la ministra.

Industria estratégica

Por otra parte, la norma también incluye medidas de protección e impulso a la competitividad al reconocer por primera vez la especial protección a la industria intensiva en energía y "medidas de acompañamiento" para facilitar su descarbonización. Además, define a las industrias estratégicas y se establece una reserva de productos industriales, comprometida en medio de la pandemia del coronavirus tras los problemas de material sanitario y que forma parte también de la Ley de Seguridad Industrial. Y refuerza la estructura de gobernanza con la creación del Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria. Además, se elaborará cada diez años una Estrategia Española para el Impulso Industrial, que será el documento que contendrá las líneas generales y las directrices básicas de la política industrial española y cada cinco años se diseñará un nuevo Plan Estatal de Impulso Industrial.