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El Gobierno saca adelante el plan de ahorro energético y negocia nuevas medidas

Ribera anuncia que se reunirá con partidos, energéticas e industria la próxima semana para pactar el Plan de Contingencia que mandará a Europa

El Gobierno convalida en el Congreso el decreto de ahorro energético.

Vídeo: AGENCIA ATLAS Foto: JOSÉ LUIS ROCA

Miguel Ángel Rodríguez

La vuelta del verano del Gobierno ha sido un paseíllo. El Ejecutivo logró este jueves sacar adelante el real decreto-ley que incluye el plan de ahorro energético -además de otros dos decretos y tres leyes- con una mayoría holgada. El bloque progresista en el Congreso respaldo la norma, aunque para ello Ejecutivo se tuvo que abrir a cambios durante su tramitación como proyecto de ley. Eso sí, parecen haber tomado nota de los reproches generalizados por la falta de voluntad negociadora y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ya anunció que la próxima semana se reunirá con las formaciones políticas y las grandes empresas energéticas para consensuar el Plan de Contingencia comprometido con la Comisión Europea y que contendrá medidas más ambiciosas para reducir el gasto de energía.

Pese al revuelo originado en torno al límite de temperatura en comercios e instituciones o la obligación de apagar los escaparates a las 22:00 horas, el real decreto-ley recibió los 'síes' de PSOE (120), Unidas Podemos (33), ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), PDECat (4), Más País (2), Compromís (1), Partido Regionalista de Cantabria (1), Teruel Existe (1) y de la diputada Meri Pita (antes en Podemos y ahora en el grupo mixto). 187 apoyos, en total, frente a los 161 'noes' de PPVox -que anunció un recurso de inconstitucionalidad contra la norma-, Cs y el resto de partidos minoritario. Tan solo el BNG se abstuvo.

Concesiones por apoyos

Para lograrlo, el Ejecutivo tuvo que hacer más de una concesión. Con ERC acordó acelerar la tramitación del proyecto de ley -suele ser habitual que acaben olvidados en un cajón- para introducir modificaciones en la norma en las próximas semanas. Los republicanos catalanes quieren financiación adicional para las comunidades y una moratoria hasta el 30 de noviembre para algunas de las obligaciones que deben hacer frente pymes y autónomos.

El 'sí' de EH Bildu valió el compromiso del Gobierno de revisar al alza para el año 2023 los objetivos establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y, por otro lado, negociar con las comunidades estrategias a medio y largo plazo para transformar los modelos de producción y consumo. El PDECat aseguró que el Ejecutivo les prometió una línea de 100 millones de euros para que las autonomías puedan financiar actuaciones en los locales comerciales, como obliga la ley.

Nueva ronda

"Somos un Gobierno que dialoga, que busca consensos y gracias a ellos conseguimos acuerdos", aseguró la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ante un hemiciclo en el que los 27 grados del aire acondicionado se hacían notar en el número de abanicos. Ante las críticas por la ausencia de Ribera en este debate, Sánchez se escudó en que la norma contiene además ayudas a estudiantes y a los usuarios de Cercanías y media distancia, y la prórroga de los 450 millones de euros directos para taxistas camioneros.

La totalidad de las fuerzas políticas discreparon sobre el talante negociador del Gobierno. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, denunció "la falta de diálogo" y avisó que esta dinámica de negociar a última hora "no es la mejor fórmula para engrasar la mayoría plurinacional". Una advertencia similar lanzó la diputada del PNV Idoia Sagastizabal: "No esperen al último momento porque algún día las cuentas no van a salir". Los reproches llegaron también desde el PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, lamentó que "el Gobierno no llama, siempre pacta con su bloque, el bloque de la mayoría plurinacional".

Las críticas -y la mínima posible duda sobre si la norma podía decaer- parecen haber causado efecto en el Ejecutivo. A primera hora de la mañana, Ribera anunció que están "organizando" una ronda de contactos con todas las formaciones políticas, los agentes sociales, las grandes empresas energéticas y las asociaciones de grandes consumidores para negociar el Plan de Contingencia que debe aprobar el Consejo de Ministros en septiembre para remitirlo a la Comisión Europea. El objetivo de estas nuevas medidas debe ser conseguir el recorte del 7% del consumo de gas durante los próximos meses. "Queremos estar seguros de poder recoger todas aquellas propuestas eficaces y que sean más útiles para garantizare que no se producen tensiones", aseguró.