La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado este martes que sólo se conceden una de cada cuatro solicitudes de ingreso mínimo vital (IMV) y que únicamente el 12% de la población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza se beneficia de esta prestación.

En un comunicado, esta asociación lamenta que el ingreso mínimo vital sólo alcanza al 46% de las personas beneficiarias previstas, y que todavía quedan más de 1.200.000 por incorporar para llegar al objetivo de las 2.300.000 personas previstos.

Señala, además, que las 428.043 prestaciones concedidas en el pasado mes suponen la mitad de lo previsto por el Gobierno.

Así, casi dos años después de la puesta en marcha de esta prestación, la cobertura del IMV continúa siendo desigual y hay comunidades que únicamente tienen una cobertura del 7,1%, como Cataluña, o 7,5% en Canarias, mientras que Navarra supera el 27% y Ceuta y Melilla se sitúan en torno al 25%.

Sólo el 12,08% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de la prestación (1.064.609 personas, de los cuales 456.000 son menores) que llega a 428.000 hogares de las más de 1,7 millones solicitudes presentadas.

Desde diciembre de 2021 se han incorporado 330.000 personas y en los últimos tres meses se ha incorporado mayor número de personas que en el período de 9 meses de marzo a diciembre de 2021, por lo que se ha pasado de una media de unos 30.000 perceptores nuevos cada mes, a 110.000 en los últimos 3 meses.

Además, denuncian el "laberinto burocrático" que supone la reclamación de esta ayuda y que, consideran, ha contribuido a que su implantación se desarrolle de manera mucho más lenta de lo previsto.

"Es un recurso vivo"

Los gerentes de servicios sociales piden también que en este momento, en el que se está produciendo la mayor crisis de refugiados de los últimos años, el Ministerio de Inclusión permita exceptuar del año de residencia a las personas refugiadas para que puedan percibir el IMV desde su llegada a España.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han subrayado a EFE que el IMV es "un recurso vivo" y se trabaja "constantemente en potenciar su alcance" para llegar a los posibles beneficiarios que no lo han pedido y que, según los datos que manejan las administraciones, "es muy posible" que cumplan los criterios de vulnerabilidad para que se conceda esta prestación.

Recuerdan que esta prestación, que arrancó en plena pandemia, ha llegado a 428.043 hogares y beneficiado a un total de 1,06 millones de personas, de las que 456.000 (43%) son menores, y señalan que los hogares beneficiarios son ya 1,7 veces más que los perceptores de las rentas mínimas autonómicas.

Las mismas fuentes indican que desde su puesta en marcha se han recibido más de 1,7 millones de solicitudes, de las que 150.000 eran duplicadas, y se han tramitado más del 92% de las válidas, y añaden que las principales causas de denegación son los incumplimientos del requisito de vulnerabilidad, es decir, superar renta y patrimonio.

Asimismo destacan el incremento temporal del 15% de la cuantía de la prestación que reciben los beneficiarios del IMV dentro del plan de choque ante la crisis generada por el conflicto de Ucrania.

Desde Inclusión insisten en que las prestaciones no contributivas tardaron aproximadamente "siete y ocho años en conseguir el despliegue completo" y que el IMV está a mes y medio de cumplir los dos años de su puesta en marcha.