El Estado quiere reforzar su control sobre Indra. El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a aumentar su participación en el grupo tecnológico hasta un máximo del 28% en el capital de Indra, lo que implica que el holding público tendrá que comprar en torno a un 10% adicional y que actualmente está valorado en unos 160 millones de euros según la cotización en bolsa de la compañía.

El Gobierno justifica el movimiento por “la importancia de reforzar la participación del Estado como accionista de referencia en una compañía estratégica para el país, especialmente en el ámbito de la seguridad y la defensa”, indica el Ministerio de Hacienda en un comunicado. Y es que Indra, volcado en el negocio tecnológico tanto civil como militar se encarga de “un considerable volumen de actividades directamente relacionadas con intereses esenciales del Estado”, esgrime el Ejecutivo.

Desde SEPI se subraya el “compromiso del Estado” con una compañía estratégica y vincula la necesidad de reforzar la posición de control directamente con el desarrollo del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), del que forma parte España con Indra como líder industrial. “Mueve a dicha decisión el propósito de dotar a Indra de una estabilidad accionarial y un apoyo eficaz para que pueda llevar a cabo con éxito los compromisos asumidos”

La decisión llega después de los últimos movimientos accionariales en Indra. En diciembre, la Corporación Financiera Alba, controlada por la familia March, vendió un 5% de la compañía al holding especializado en Defensa SAPA y redujo su participación a solo un 3,21%. Los March han manifestado su intención de desprenderse también de ese paquete residual.

SEPI ya impulsó el pasado mayo un relevo en la cúpula de la compañía. El holding pública promovió la salida de Fernando Abril-Martorell como presidente y aprobó los nombramientos de Marc Murtra como presidente no ejecutivo e Ignacio Mataix y Cristina Ruiz como consejeros delegados.