En Cerecinos de Campos, la quietud reina sin oposición durante el mediodía de un lunes de enero. El movimiento solo se percibe en los camiones que salen de la autovía para detenerse a comer en el restaurante del pueblo, en cuyo interior hay amplia mayoría de forasteros. Por sus calles, tampoco hay rastro de carteles o pancartas, pero una parte de su población lleva tres años movilizada contra la instalación de un negocio en el término.

Sí, hay una parte de la Zamora rural que rechaza la llegada de potenciales generadores de empleo, pero sus razones no son baladí; existe un temor a que la creación de “tres o cuatro” puestos de trabajo en el municipio provoque un daño ecológico difícil de revertir.

De esa manera lo explica el alcalde de Cerecinos de Campos, Jesús María Deza, que aterrizó en el Ayuntamiento tras ganarse el apoyo de su gente, entre otras cosas, por el rechazo a la instalación de una macrogranja porcina con más de 3.400 madres. “Hay una problemática con la concentración de animales en el mismo punto, y es la generación de residuos”, explica el regidor, que también es ingeniero agrónomo y que advierte sobre la dificultad de eliminar esos desechos sin causar daños.

Tres vecinos, en la localidad de Santovenia. EMILIO FRAILE

La normativa de purines es muy estricta, pero no se hacen suficientes inspecciones; no basta con limitar la velocidad, hay que poner radares”, explica el alcalde, que asegura que el rechazo en el pueblo hacia la macrogranja es generalizado. Comprobarlo resulta difícil; la gente que va apareciendo por las calles prefiere no hablar. La polémica sobre estas instalaciones resulta dañina para la convivencia, aunque en Cerecinos han logrado calmar los ánimos a través de un acuerdo que abunda en la seguridad ecológica para la zona.

La resistencia municipal no impidió la apertura de la macrogranja a las afueras de la localidad, pero sí logró que la empresa cediera y se comprometiera a adquirir una transformadora de purines. Para Deza, esta sigue sin ser la solución ideal, porque los olores y el temor a unas consecuencias nocivas a largo plazo continúan.

Las cifras

El alcalde también mira más allá de su pueblo y certifica una realidad que Zamora tiene que afrontar. Los datos oficiales hablan de una provincia con tres cerdos por habitante y con más de medio centenar de macrogranjas, si se considera como tales a aquellas instalaciones destinadas a la cría intensiva que tengan más de 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kilogramos, o una cifra superior a 750 espacios para cerdas reproductoras.

Los detractores de este tipo de explotaciones mencionan los perjuicios ecológicos e insisten en unos escasos beneficios a nivel de empleo que “no compensan”.

De hecho, con frecuencia, el tratamiento de la carne y la posterior comercialización se realiza ya fuera de las fronteras provinciales. Los purines se quedan; el dinero no. Contra esa circunstancia, el alcalde de Cerecinos señala que, si el modelo al que se debe tender es este, la Junta ha de controlar más el número de licencias que ofrece y supeditar algunas de ellas a la construcción de mataderos y otras infraestructuras vinculadas a las granjas que permitan que la economía salga beneficiada. Está por ver si el ganador de las próximas elecciones autonómicas opta por esa vía desde el Gobierno.

La papeleta, desde luego, resulta poco envidiable. Cerecinos de Campos parece haber aplacado un tanto la excitación general, pero hay pueblos que siguen embarcados en luchas encarnizadas contra la instalación de macrogranjas; batallas que tienen líderes y rivales dentro del mismo término municipal, y que resultan problemáticas en el día a día. Hay localidades como Pozoantiguo que están forradas de carteles y pintadas contra este tipo de explotaciones, pero la propia población reconoce que no hay unanimidad.

Pozoantiguo. EMILIO FRAILE

También está lejos del acuerdo total Santovenia, un municipio que se sitúa cerca del epicentro de la concentración de macrogranjas en la provincia. A primera hora de la tarde de este lunes, varios jubilados charlan al abrigo del sol a la entrada de uno de los bares del pueblo. El más locuaz se solivianta al escuchar el motivo de la visita de la prensa: “Tienen las licencias y tienen los permisos, no sé qué más se tiene que hablar”, apunta.

El vecino de Santovenia prefiere charlar sin identificarse, aunque desliza que dedicó su vida laboral al sector porcino: “Pasan todos los controles”, asegura el habitante de la localidad, que rechaza cualquier crítica ajena al lugar y que limita la importancia de las que proceden del propio municipio: “¿Voy a tener que cerrar yo porque al de al lado no le guste?”, cuestiona.

Desde luego, a quien no le gusta la apertura de una nueva macrogranja dentro del municipio es a la oposición política. Una de sus representantes, Sonsoles Furones, alerta sobre el nivel de los nitratos en el agua y lamenta la concesión de licencias en beneficio de una empresa catalana que está aumentando su poder en la zona.

La implicación de Furones y de sus compañeras en esta lucha está causándole problemas personales, aunque siente el respaldo de parte del pueblo. En los comicios de 2019, la localidad se dividió más que nunca para decidir sobre la gestión municipal, y las macrogranjas formaron parte de la discusión. Se prevé que la polémica influya también el 13-F en este y en otros pueblos de la contorna.

Posicionamientos en lugares pequeños

Lejos de pensar en el resultado de las urnas, alguno de los responsables de los negocios del pueblo lamenta haberse posicionado más de la cuenta en algún momento y alude a una pérdida de clientes que va recuperando poco a poco, ya desde la estricta neutralidad en público. La cuestión es sensible y muchos optan por la prudencia.

Por Santovenia, tampoco se ven carteles explícitos contra las macrogranjas, aunque sí hay otros relacionados con la biorrefinería de Barcial del Barco y el futuro del proyecto. Apenas hay un puñado de kilómetros desde esta localidad a la ahora vacía parcela, pero la opinión de la gente sobre el asunto merece un capítulo aparte.

Antes de caer la noche, la obra de las nuevas instalaciones de Santovenia aparece a un lado de la carretera, con la estructura ya bien definida, aunque aún quede tiempo para su puesta en marcha. Personas como Furones anuncian que mantendrán la batalla para que su pueblo se libre de la instalación; otros, como el vecino jubilado del sector, abogan por la libertad de quien se ajuste a las normas. El pulso continuará y el escenario futuro también dependerá del 13-F.