Alianza entre sindicatos y entidades sociales para exigir una salida a la crisis del covid-19 distinta a la del 2008 y con el afán de que el Gobierno cumpla con sus compromisos. Entre la cartera de reivindicaciones: la derogación de la reforma laboral y de la 'ley mordaza', una mejora de los salarios, la reversión de las privatizaciones y la gestión directa del sector público, la regulación del precio de la vivienda y el blindaje de las pensiones. Movidas por todo esto, miles de personas se han manifestado este domingo por el centro de Barcelona -de la plaza Urquinaona hasta la plaza de Sant Jaume- bajo un clamor: "Más derechos y más justicia social", el lema que aglutina a CCOO, UGT, CONFAVC, FAPAES y Marea Blanca, entre otras organizaciones.
Las centrales mayoritarias han logrado sumar fuerzas para presionar al Gobierno en el cumplimiento del pacto de coalición y con el objetivo de arrancar un incremento de la subida salarial que sitúe el salario mínimo en los 1.000 euros en enero del 2022 y hasta el 60% del salario medio al final de la legislatura, eso es, en el 2023. La protesta se ha replicado también en Tarragona, Girona y Lleida con cánticos como "si somos precarias, no somos libres".
Una respuesta distinta
Los portavoces de los sindicatos han coincidido en definir estas movilizaciones como una advertencia a los gobiernos para que no apliquen la misma receta que emplearon para salir de la crisis del 2008: los recortes en los servicios públicos. "Queremos situar el malestar social en la agenda política antes de que vengan los gobiernos a decir que hay que hacer recortes. No actuamos de forma reactiva, sino preventiva, porque esta crisis no la tenemos que pagar la gente trabajadora", ha espetado Camil Ros (UGT) ante los periodistas.
Y es que el temor a que las familias que más padecieron la última crisis, tengan que sufrir ahora los peores estragos socioeconómicos de la pandemia, preocupa también a las entidades sociales que ven como incrementa el índice de pobreza. CCOO urge "celeridad" para evitar que esto suceda: "Tenemos renuncias explicitas por parte de la administración en hacer pagar la factura de la creación de mayores desigualdades y de bolsa de pobreza a quien más tiene", ha alertado Javier Pacheco (CCOO). "No queremos seguir esperando a que las derogaciones de las reformas laborales estén esperando los tactisimos de la patronal a un gobierno que se llama de izquierdas, ni esperar para que se nos aclare si el salario mínimo será o no de 1.000 euros en el 2022", ha añadido, animando a la ciudadanía a movilizarse en las calles.
2022, "el año del trabajo digno"
Representantes del PSC y de los 'comuns' se han dejado ver por la marcha en Barcelona, y la dirigente de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha querido dejar claro ante los periodistas que su compromiso de derogar la reforma laboral sigue intacto: "Derogar la reforma laboral del PP es limitar la temporalidad, y no podrá haber un cambio en la estructura del mercado de trabajo mientras uno de cada cuatro contratos sea inferior a una semana. Aspiramos a convencer a la patronal de que España tiene que dejar de ser la excepción en materia de temporalidad de la Unión Europea", ha defendido.
En esta dirección, ha ratificado que su ambición es acabar con la normativa popular y ha asegurado que "diciembre del 2021 será el último mes que sufriremos la reforma laboral del PP y 2022 será el año del trabajo digno".
