El Banco Santander ha perdido el juicio contra Andrea Orcel, el que iba a convertirse en su consejero delegado en 2018. Por ello, la entidad tendrá que pagarle 68 millones de euros en concepto de indemnización, la mayor de la historia hasta la fecha. De esta forma, el juez estima la demanda interpuesta por el banquero italiano tras conocer que el banco renunciaba a su contratación apenas cuatro meses después de anunciar su nombramiento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en septiembre del año 2018.

Esta sentencia supone un duro revés para el Santander y para su presidenta, Ana Botín, que había defendido durante el juicio que nunca se llegó a firmar un contrato formal y que Orcel había incumplido parte de los compromisos acordados con la entidad cántabra. De los 68 millones que deberá pagar, 10 millones de euros son en concepto de daños morales y reputacionales. El resto de la indemnización del actual consejero delegado de Unicredit se divide en 17 millones en concepto de bonus de incorporación, 35 millones por incentivos a largo plazo y 5,8 millones por dos anualidades del banquero italiano. Además, la entidad también ha sido condenada al pago de las costas de la batalla judicial. El Santander ha comunicado a El Periódico de España que "respectamos las decisiones judiciales, pero estamos en total desacuerdo con la sentencia conocida este viernes. El consejo del Santander confía en ganar el recurso que presentaremos ante la Audiencia Provincial, como ya ha ocurrido en las dos querellas penales planteadas en los tribunales en relación con este asunto".

Orcel presentó una demanda contra el Santander en mayo de 2019, cuatro meses más tarde de que el banco informara al regulador bursátil que no seguía con la contratación. Esta denuncia fue admitida a trámite en junio de ese mismo año, después de que el banquero italiano presentara grabaciones y mensajes de conversaciones con la presidenta de la entidad. En la sentencia, el juez Javier Sánchez Beltrán, del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, señala que "la cantidad reclamada en concepto de daño moral no se considera excesiva" teniendo en cuenta el nivel de retribución que Orcel percibía en UBS. Desde su fichaje en 2012, Orcel percibía un salario base anual de 1,5 millones de francos (1,44 millones de euros, al cambio actual) sin incluir contribuciones a planes de pensiones y otros beneficios contabilizados como retribución fija.

El juez indica en su sentencia que el "prestigio y formación" de Andrea Orcel "eran sumamente considerados en el ámbito bancario europeo" y que puede entenderse que la decisión del banco de no proseguir con su fichaje le produjera "una considerable frustración, desasosiego, incertidumbre y un cierto descrédito en el ámbito bancario, por lo que claramente se considera que la situación creada por Banco Santander produjo un evidente daño moral al Sr. Orcel".