La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, dependiente del Ministerio de Trabajo y encargada de dar cursos para evitar accidentes laborales, está desangrando a patronales y sindicatos en una guerra de guerrillas en los tribunales. El organismo público y los agentes sociales se enfrentan en más de 200 demandas por usos indebidos en las ayudas para dar charlas en las empresas. Aunque ha ganado la mayoría, algunas audiencias provinciales han dado la razón a los que usaron el dinero y ha pedido al Supremo que clarifique la situación. Sólo CCOO admite que se juega entre 2,5 millones y 3 millones de euros en estos pleitos, heredados de hace años. La vicepresidenta Yolanda Díaz no ha encontrado formas de frenar el tsunami judicial. Sí ha subido las subvenciones a los sindicatos.

La Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales fue creada en 1995 para “promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos”. En el patronato se sientan miembros de la Administración, de CEOE y Cepyme, CCOO y UGT.

La Abogacía del Estado ha llevado el caso al Supremo en interés de ley para clarificar la situación

En 2017, el Tribunal de Cuentas puso el foco en las ayudas que los representantes de la fundación dan a los trabajadores. Entre otras cosas, halló irregularidades en los partes de visitas con firmas con los que justificaban ante la Fundación el uso de las ayudas. Halló “partes de visita en los que se aprecia falsedad que afecte a los visitadores (afecte a sus firmas o a la imposibilidad de haber realizado la visita), al figurar que en el mismo día han realizado visitas en ciudades distantes entre sí o que han asistido a una visita y a otra actividad financiada por la Fundación, de la misma o distinta acción, en ciudades también distantes entre sí. Falta de justificación o aceptación de las visitas por parte de las empresas. Falta de originalidad y/o autenticidad de las firmas”.

Hay partes de visita en los que se aprecia falsedad que afecte a los visitadores (afecte a sus firmas o a la imposibilidad de haber realizado la visita)

La Fundación tenía entonces dos opciones: perseguir a sus propios funcionarios por no haber vigilado el uso del dinero, algo que consideró imposible porque solo veía irregularidades y no capacidad de control, o reclamar el dinero de vuelta. Así que en los últimos dos años ha interpuesto más de 200 demandas reclamando la devolución del dinero. El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, ha intentado reconducir la situación pero con las demandas en los juzgados es imposible. En su día, la fiscalía denunció algunos de los casos por la vía penal pero fue imposible localizar al responsable concreto. Otros fondos parecidos, como los de Formación, sí han acabado en grandes causas de corrupción.

Los tribunales han dado mayoritariamente la razón a la Fundación. En algunos casos, patronales y sindicatos han pedido que se les obligue a devolver lo que esté mal justificado pero el Tribunal de Cuentas impuso el criterio de que había que devolver todo. Por separado, las cantidades no son muy elevadas; en conjunto suponen un desgaste enorme de fondos y recursos en tribunales.

La Federación Estatal de Servicios de CCOO, por ejemplo, fue obligada a devolver 261.908 euros el pasado mes de mayo por la Audiencia Provincial de Madrid; la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo, 122.746 euros: la Federación de Enseñanza de CCOO perdió 143.531 euros, y la Confederación de Empresarios de Cádiz, 29.467 euros.

"Dinero, tiempo y recursos "

Jaime González, asesor de la secretaría de salud laboral de CCOO, explica a El Periódico de España que los casos se están comiendo "dinero, tiempo y recursos". "Se realizaban visitas a empresas y se percibían cantidades. Al cabo de unos seis o siete años, la propia fundación cambió el criterio para justificar las visitas. Cuando detectaba que con el nuevo criterio no se cumplían los requisitos proponía una liquidación a cero [había que devolverlo todo]. Discrepábamos de ese criterio. Pensábamos que si se detectaba una anomalía había que hacer una liquidación proporcional y devolver esa parte, pero no todo". Y señala la dificultad de revisar ahora expedientes de hace una década: "Cuando te piden aclaraciones de 2011 o 2012 es difícil de justificar, de reconocer las firmas. Consideramos que no debe devolverse toda la cantidad, son discrepancias en los criterios porque la fundación ha variado los criterios".

Una portavoz del departamento de Yolanda Díaz explica la judicialización. "Una vez efectuada la oportuna liquidación a cero, en los supuestos en los que no se reintegró por parte de los beneficiarios el importe reclamado, la Abogacía del Estado ha reclamado las cantidades correspondientes no satisfechas mediante una demanda ante la jurisdicción civil. Los procedimientos están en diferentes estados procesales. Las sentencias, en la mayoría de los procedimientos resueltos hasta la fecha, son favorables a la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales".

En algunos casos, los tribunales de primera instancia y audiencias provinciales han dado la razón a patronales o sindicatos. La Abogacía del Estado ha llevado el caso al Supremo en interés de ley para clarificar la situación.