Después de semanas de parón negociador, el ministerio de Trabajo ha presentado un nuevo documento en la mesa de negociación del mercado laboral con una medida de impacto: limitar la contratación temporal en las empresas a un 15% de la plantilla. El departamento que dirige Yolanda Díaz pone así una cifra concreta a una idea que se había tratado por todos los interlocutores sociales en la anterior reunión, hace una semana: la de tratar de controlar la contratación temporal en España mediante un tope legal. Eso sí, dicen fuentes de la negociación, el porcentaje está abierto a la negociación y a las aportaciones de UGT, CCOO, CEOE y Cepyme.

Según el documento, al que ha tenido acceso El Periódico de España, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, ese plantea que la contratación temporal no pueda superar ese 15% medido en términos de “plantilla anual”, que no es otra cosa que “el resultado de sumar, a la totalidad de los contratos de trabajo de cualquier modalidad vigentes a fecha 31 de diciembre de cada año, aquellos que se hayan extinguido durante el año natural". Para computar esos contratos ya concluidos, se plantea la siguiente fórmula: sumar todas las jornadas de trabajo que hayan prestado y dividirlas entre doscientos, considerando "cada unidad resultante o fracción como un contrato más".

La propuesta del ministerio especifica además que las empresas deberán informar a la representación legal de los trabajadores sobre el porcentaje de temporalidad en la empresa y “presentarán una propuesta concreta de transformaciones o contrataciones a efectuar para cumplir, al menos, con el porcentaje de contratación indefinida aplicable”. La información deberá darse todos los años en el mes de enero, y las “transformaciones o contrataciones” deberán aplicarse para marzo. El texto de Trabajo plantea además que, mediante la negociación colectiva, los sectores o las empresas puedan pactar un porcentaje de temporalidad aún más bajo que ese 15%.

La idea ha sido acogida favorablemente por los sindicatos y con más cautela por las patronales, según fuentes de la negociación: desde CEOE han pedido analizar la temporalidad por sectores, porque en algunos, como el agrario, es muy elevada y costaría mucho alcanzar el 15%, mientras que otros, como el del automóvil, tienen tasas de temporalidad muy por debajo de ese umbral fijado en el texto. La discusión se retomará en la próxima reunión, después de que las distintas organizaciones analicen la propuesta.

La temporalidad, vía ETT

La nueva propuesta de Trabajo mantiene además la eliminación, como regla general, de la temporalidad en la realización de trabajos de naturaleza estacional o de campañas de temporada, que ya había planteado a la mesa de negociación antes del verano. Ya entonces se proponía, para esas situaciones, el recurso al contrato indefinido fijo-discontinuo; pero en la propuesta conocida este miércoles se añade la novedad de que se puedan concertar estos contratos fijos-discontinuos para realizar trabajos ocasionales bajo el paraguas de una ETT.

El nuevo documento también incluye una modificación del contrato fijo de obra, característico del sector de la construcción, para tratar de cambiar la naturaleza de esa figura contractual de temporal a indefinida. La propuesta de Trabajo plantea que al acabar la obra en la que presta servicios el trabajador, la empresa tenga la obligación hacerle una propuesta de recolocación "previo desarrollo, en su caso y siempre a cargo de la empresa, del proceso de formación o recualificación que sea preciso". El rechazo por parte del trabajador de esa oferta o su falta de encaje en el nuevo proyecto, incluso después de haber recibido esa nueva formación, daría lugar a una indemnización por extinción de contrato de veinte días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades. Actualmente, el final de la obra supone el final del contrato, acompañado eso sí de una indemnización de veinticinco días y medio por año; la propuesta trata de convertir una pluralidad de contratos que se suceden entre sí en un único contrato que va concatenando distintas obras mediante procesos de recualificación.

Los ERTE del futuro

Trabajo también incluye novedades, en su documento de propuestas, sobre el Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), una fórmula para que las empresas en dificultades reduzcan jornada y que está llamada a sustituir, cuando termine la pandemia y sus efectos económicos, a la actual regulación extraordinaria de los ERTE. Según el texto, podrán recurrir al MSE las empresas que estén en dificultades por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; y también las que quieran recualificar a sus empleados o las que acometan procesos de transición para que sus trabajadores encuentren empleo en otras compañías o sectores. Se plantea además que el MSE se pueda aplicar durante un periodo temporal de referencia, que para los procesos pactados entre la dirección y la representación de los trabajadores podrá extenderse hasta un máximo de 12 meses, y hasta un máximo de 6 meses cuando se acometan sin acuerdo.

Fuentes de la mesa de diálogo enfatizan que este texto no es más que una propuesta, de momento, y apostillan que "seguro que cambiará" a lo largo de la negociación. La mesa continuará reuniéndose e intercambiando propuestas en las próximas semanas con el objetivo de tratar de llegar a un acuerdo; en todo caso, el Gobierno tiene el compromiso con Bruselas de aprobar la reforma del mercado de trabajo antes de final de año, así que se estima que las negociaciones no se extenderán más allá del mes de noviembre.

La temporalidad en España: por encima del 20% desde 1988

El problema de la temporalidad laboral en España es de un volumen sin parangón entre los países de nuestro entorno, y además de largo recorrido: según los datos de la Encuesta de Población Activa, el porcentaje de trabajadores temporales no ha sido inferior al 20% desde 1988. A menudo ha superado el 30%; por ejemplo, durante la mayor parte de los 90, con el pico a mediados de 1995, cuando alcanzó el 35,16%. En general, las bajadas en la temporalidad no han ido asociadas a una mejora de las condiciones de trabajo sino a las crisis económicas, porque los trabajadores temporales suelen ser los primeros en perder su trabajo: así, la crisis financiera trajo consigo una reducción paulatina del porcentaje de temporalidad hasta que llegó a su punto más bajo a comienzos de 2013: 21,94%. El último dato de la EPA sitúa la temporalidad en estos momentos en el 25,06%, el nivel más alto desde el comienzo de la crisis del Covid-19, que también costó su puesto de trabajo a centenares de miles de contratados temporales.

Según las cifras de Eurostat, la oficina estadística europea, el porcentaje de temporalidad en España casi duplica al de sus socios europeos: era del 20,1% en 2020, frente al 10,5% de la UE27.