El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha abogado por evaluar un cambio legislativo que permita aplicar salarios mínimos interprofesionales (SMI) diferenciados por territorios, para adaptar este indicador a una "España diversa" como ya se hace en la negociación colectiva.

"Sí creo que hay que evaluar un SMI que se acoplara a cada uno de los territorios de este país", ha afirmado Garamendi en declaraciones a Capital Radio, donde ha recordado que la negociación colectiva entre patronales y sindicatos varía en función de los territorios, ya que no aplican las mismas condiciones salariales en el convenio del metal del País Vasco que en otras comunidades.

Asimismo, ha recordado que el alza del SMI no le cuesta nada al Estado, dado que las administraciones no actualizan conforme a su evolución los contratos suscritos con empresas adjudicatarias.

"El Gobierno está muy tranquilo diciendo que hay que subirlo, pero al Estado le cuesta cero subir el salario mínimo", ha asegurado Garamendi, que ha insistido en la negativa de las organizaciones empresariales a subir el SMI para lo que resta de 2021.

"Que la gente se ponga en la piel de gente muy humilde que son empresarios", ha afirmado, al tiempo que ha recalcado que el salario mínimo no afecta a las empresas del IBEX ni a la mayoría de sectores que se encuentran bajo el paraguas de la negociación colectiva, sino que afecta fundamentalmente al sector agrario que aún atraviesa importantes dificultades.

"En los últimos tres años el SMI ha subido el 30%. Nadie dice que no haya que subirlo, solo decimos que no es el momento", ha añadido el presidente de CEOE, partidario de analizar una senda en el tiempo.

Efectos "devastadores"

Por su parte,  el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha descartado establecer un salario mínimo interprofesional (SMI) diferenciado por territorios porque "tendría efectos devastadores en términos de unidad de mercado".

"Yo creo que esto es por completo ajeno a la tradición jurídica y política de nuestro país y que tendría efectos devastadores en términos de unidad de mercado. Un valor tan reclamado por las organizaciones patronales podría sufrir en términos de un salario mínimo diferenciado por territorios", ha afirmado en la rueda de prensa para explicar los datos de desempleo de agosto.

En el mismo sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado en declaraciones a RNE que "hay un tipo de regulación estatal que debe primar en todo el país", más allá de que en la negociación colectiva -"sectorial principalmente"- se puedan mejorar los datos de base.

"No creo que fuera conveniente hacer distingos añadidos en relación con el territorio, porque hay que garantizar que un trabajador de este país desarrolle su actividad donde la desarrolle tenga unas condiciones mínimas que sean dignas y que permitan a una persona con un salario llegar a fin de mes", ha añadido.