El Pleno del Congreso votará este miércoles el decreto ley que rebaja al 10% el IVA aplicado en la factura de la luz y suspende el impuesto del 7% a la generación que pagan las compañías eléctricas, y lo hará en un día en el que el precio medio mayorista de la luz tocará un nuevo máximo histórico en el mercado mayorista, superando los 106 euros por megavatio hora (MWh).

Un registro que pulverizará los 103,76 euros/MWh que eran el récord histórico en el mercado, y que datan del 11 de enero de 2002, dentro de una escalada de precios en los últimos meses, espoleada por los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2.

El precio de la energía tiene un peso cercano en la factura de en torno al 24%, mientras que alrededor del 50-55% corresponde a los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa- y el resto impuestos.

Para responder a esta situación, el Gobierno aprobó estas rebajas fiscales, de carácter temporal -la bajada del 21% al 10% del IVA será hasta final de año y la suspensión del impuesto a las eléctricas durará tres mese--, con las que espera abaratar la factura eléctrica un 12%, con unos ahorros de más de 1.257 millones.

En concreto, el Ejecutivo calcula que la rebaja del IVA representará un descenso de 6 euros al mes en la factura de un hogar medio, por lo que su aplicación permitirá un ahorro de 36 euros hasta final de año, mientras que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica permitirá una rebaja de un 2% a un 3% en la factura de los hogares, de un 3% a un 6% para pymes y empresas medianas y alrededor de un 6% para la gran industria.

En vigor desde su publicación en Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación en el Consejo de Ministros, cada decreto ley debe someterse a examen en el Congreso en un plazo de un mes para ser convalidado o, en caso de no contar con apoyos suficientes, ser derogado.

En todo caso, los grupos tienen la opción de aprobar su tramitación como proyecto de ley para poder presentar propuestas de modificación a través de enmiendas.

Rebaja del IVA para potencias inferiores

En el caso concreto del IVA, se aplicará una bajada al 10% hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por megavatio hora (MWh).

Esta potencia, esgrime el Gobierno, cubre "a la práctica totalidad de los hogares españoles", ya que la potencia media es de 4,1 kW, y al 72,5% de los contratos de empresa y negocio (no domésticos) tienen también esta potencia inferior, aunque en este caso el IVA tiene un efecto neutro pero alivia tensiones de tesorería en estos meses de recuperación.

También se aplicará un IVA del 10% a todos los consumidores vulnerables severos -unos 612.000 hogares perceptores del bono social- hasta fin de año con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.

"Beneficios caídos del cielo"

Junto a estas medidas fiscales, el Gobierno trabaja en otras actuaciones para abaratar el recibo de la luz en esta etapa de transición. Así, el pasado 1 de junio inició la tramitación del anteproyecto de Ley para repartir entre todos los consumidores el dividendo que reciben las centrales no emisoras de carbono por el coste del CO2 en el ETS y reducir la factura eléctrica alrededor de un 4,8% para los consumidores domésticos y de un 1,5% para la gran industria.

Ese mismo día, el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que financiará costes de las políticas de fomento de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización de residuos y que prevé que permitirá una reducción de la factura de un 13% para los consumidores domésticos cuando se implante en su totalidad.

Un pulso de las eléctricas

Precisamente, para Unidas Podemos la escalada en el precio de la electricidad es una respuesta de las compañías eléctricas contra el Gobierno por estas medidas, dirigidas a rebajar sus beneficios y a compensar con ellos medidas en el sistema eléctrico.

"Es evidente que el oligopolio eléctrico está echando un pulso al Gobierno para tumbar las nuevas regulaciones de precios que se han puesto en marcha", ha dicho este martes en el Congreso la portavoz de En Comú, Aina Vidal, que cree que esta situación "se debe abordar no sólo desde la fiscalidad" pero que espera más medidas "para poder bajar el precio de la electricidad y terminar con este oligopolio".

Exigen más medidas

Las rebajas de impuestos eran parte de las medidas exigidas por los grupos de la oposición para afrontar esta escalada en el precio de la electricidad. Sin embargo, los grupos exigen al Ejecutivo mayor contundencia para contener un encarecimiento que ha ido en aumento desde entonces.

Desde el PP directamente recuerdan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cómo afeó a su predecesor Mariano Rajoy que, ante un aumento del 13% en la factura de la luz, le salía "muy caro a los españoles".

Socios del Gobierno, como Esquerra Republicana o Compromís también han criticado este martes en el Congreso la ausencia de medidas adoptadas para enfrentar este problema. Para los primeros, restricciones a las "puertas giratorias" entre los ministerios y los consejos de administración de las eléctricas, y para los segundos el sistema de fijación de precios.

"Estamos pagando el bocadillo de calamar a precio de caviar iraní", ha ironizado Joan Baldoví (Compromís), señalando que toda la electricidad producida con energía nuclear, hidroeléctrica, eólica o fotovoltaica se produce a mismo coste y que, sin embargo, por los precios del gas natural o el petróleo la electricidad resulta el doble de cara. "Hay que ir al sistema de fijación de precios, que es un auténtico timo", ha dicho.

El PDeCAT y la CUP han tildado de "parche" las medidas contenidas en el decreto, pues consideran que no servirá para solucionar los problemas en el sistema eléctrico. Es más, desde la CUP han dicho que se abstendrán al considerarla "una medida de maquillaje" y que "nadie discute los multimillonarios beneficios" de las eléctricas.