La Generalitat de Cataluña y Endesa han llegado a un acuerdo histórico por el que condonarán la deuda de 35.518 familias catalanas vulnerables en situación de pobreza energética desde 2015, una cifra que asciende a unos 38,7 millones de euros, de los cuales 10,6 millones los asumirán las administraciones.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, y el titular de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa, quienes han explicado que Endesa renuncia a emprender acciones legales contra estas familias vulnerables.

En virtud de este acuerdo, en el que entidades sociales como la Alianza contra la Pobreza Energética han tenido un papel decisivo, la compañía asumirá el total de la deuda generada entre 2015 y 2018 -17,4 millones-, la mitad de la correspondiente a 2019 y 2020 -10,6 millones- y se compromete a hacerse cargo del 50 % de la que se acumule a partir del 1 de enero de 2021.

El restante correspondiente a 2019 y 2020 se repartirá entre la Generalitat (75 %) y las administraciones locales (25 %), que también harán frente a la mitad de la deuda de las familias vulnerables a partir de este año. 

"Las familias en situación de pobreza energética con una deuda acumulada desde 2015 no tendrán que pagarla y nadie será llevado a los tribunales por ello", ha aseverado Homrani, quien ha garantizado que de este modo se pone fin también a los procesos judiciales en marcha relacionados con este asunto.

Con este acuerdo, la Generalitat dará respuesta a las familias vulnerables a las que desde 2015 la ley impedía que se les cortara la luz pero que seguían acumulando impagos que, en palabras del conseller, "se les podían exigir en cualquier momento".

En concreto, esta alianza se ha plasmado en la firma de tres documentos, un convenio regulador entre el Govern y Endesa de cara a la deuda futura, otro para condonar la existente y un tercero entre la Generalitat y diversas administraciones, como diputaciones y el Ayuntamiento de Barcelona, para dividirse el monto correspondiente.

Además, a partir de ahora Endesa llevará a cabo una "promoción activa" del bono social, ofrecerá auditorías energéticas gratuitas a las familias en riesgo de exclusión e instalará contadores temporales en hogares vulnerables cuyos miembros estén empadronados para preservar su "seguridad y salud".

Desde la APE, su portavoz, Maria Campuzano, se ha mostrado "muy satisfecha" con este acuerdo, que podría empezar a beneficiar a las familias a partir del verano, después de que concluya la auditoría de la deuda anunciada por Endesa, a la que ha exigido revertir los cortes de luz de las últimas semanas y que ponga fin al "asedio" a miles de familias.

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, Francina Alsina, ha celebrado este acuerdo "extremadamente necesario", sobre todo en un contexto de aumento de la pobreza: "Todavía no vemos el alcance real de la crisis social. Si antes de la covid-19 había 35.518 familias catalanas en situación de pobreza energética, esta cifra subirá en los próximos meses".

El acuerdo con Endesa ha sido posible tras años de negociaciones encalladas, que se remontan a 2015, cuando el Parlament aprobó por unanimidad una ley que prohibía los cortes de luz de las familias que contaran con un informe de vulnerabilidad de servicios sociales.