La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se inhibirá de resolver el expediente de compra del 22,7% de Naturgy por parte del fondo australiano IFM debido a un conflicto de intereses: su marido trabaja como ingeniero en la eléctrica que comanda Francisco Reynés, aunque no forma parte del equipo directivo. Así se lo ha trasladado la ministra al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para iniciar su "procedimiento de abstención" en cuanto la compañía formalice la oferta ante el Ministerio de Industria.

El fondo australiano debe hacer una solicitud formal al departamento que dirige Reyes Maroto para que el Gobierno decida si da su beneplácito a la oferta. El Ejecutivo blindó a aquellas empresas consideradas como "estratégicas" frente a los inversores extranjeros durante la pandemia al fijar una especie de "acción de oro", según la cual, deberá de dar su autorización en todas aquellas adquisiciones iguales o superiores al 10% del capital.

Según fuentes cercanas a la ministra, Maroto no tendría por qué inhibirse dado que "su marido no tiene ningún cargo directivo", pero ha decidido hacerlo "para que no haya ninguna duda". Está previsto que la opa se presente esta semana ante Industria, por lo que la ministra ha comunicado de manera verbal a Sánchez su decisión y ha dejado ya firmadas las cartas pertinentes, dado que esta tarde estará fuera de Madrid.

Además, según afirman dichas fuentes, desde que se anunció la opa, Maroto no ha querido saber nada de la oferta para evitar cualquier suspicacia y, si bien hubo algún contacto previo entre IFM y el ministerio de carácter técnico ella no participó en ninguno de estos contactos.

Una vez llegue la solicitud al ministerio, la Secretaría de Estado de Comercio debe hacer un informe técnico sobre la empresa compradora y la empresa comprada y establecer en qué condiciones se debería aceptar o no la oferta. Ese informe pasa al Consejo de Ministros que será el encargado de decidir qué ocurre con la opa. En esa discusión, Reyes Maroto no estará y su representación será delegada en otra persona que debe ser elegida por el presidente Pedro Sánchez. Todo el proceso deberá suceder en un plazo máximo de seis meses.