La pandemia está agudizando los problemas económicos de las familias. Uno de cada cuatro consumidores no puede afrontar un gasto no previsto de más de 700 euros, según estudio de la organización Adicae. El 25,8% de los consumidores reconocen la imposibilidad de afrontar un pago imprevisto de más de esa cantidad debido a la crisis económica marcada por el covid-19. Del 13,9% de los consumidores que han retrasado el pago de bienes básicos este año, la mitad tienen empleo. Para evitar situaciones de endeudamiento, el 14% de los encuestados ha recurrido a créditos rápidos, una cifra superior a la que ha optado por pedir ayuda a familiares (13,9%).

La primera conclusión de estos datos es que tener un trabajo no es para la mayoría una salvaguarda de bienestar económico. Y para colmo de situaciones de tensión económica, un tercio de los usuarios se han sentido engañados en el 2020 por entidades que prestan servicios financieros. Suele afirmarse que aquello que diferencia a ricos y pobres es que los primeros ahorran y tienden a diversificar las fuentes de ingresos. La dependencia de un solo pagador implica riesgos.

El estudio "Concepto y causas del consumidor vulnerable en servicios financieros, energía y telecomunicaciones" elaborado por Adicae, basado en las respuestas de más de 500 consumidores dibuja un panorama poco halagüeño para una amplia capa de la población. Adicae advierte de que los datos de la encuesta sobre los consumidores indican que tener trabajo ya no impide entrar en una situación de riesgo de pobreza. El 48,7% de los consumidores que se han visto incapaces de evitar un retraso en el pago de bienes básicos tiene empleo.

Según datos del estudio, las reclamaciones por parte de los consumidores es una asignatura pendiente en España, ya que el 50,9% ha tenido en el último año una circunstancia para efectuar una reclamación en el momento de realizar una compra o recibir un servicio. En tanto, de las compras realizadas por internet, los encuestados señalan que en el 17,5% de las ocasiones no han tenido respuesta a sus reclamaciones.

En relación a ayudas sociales en diferentes ámbitos (Ingreso Mínimo Vital, cuenta básica, bono social eléctrico, etc.), el estudio de Adicae destaca el importante número de ayudas denegadas en comparación con las concedidas. Un 4,6% de los encuestados declara que su solicitud de moratoria de préstamos fue denegada frente a un 4% que fue concedida, mientras que, en cuanto a la Ley de Segunda Oportunidad, a un 4,2% de los participantes le fue denegada la solicitud frente a un 1% concedida y un 6,5% de solicitudes denegadas por el bono social eléctrico frente a un 8,9% concedido. El 4,6% de la solicitudes de los encuestados del ingreso mínimo vital fueron denegadas, frente 2,7% de ayudas concedidas.

Aunque estos diferentes tipos de ayudas establecen diferentes requisitos y baremos para determinar qué ciudadanos están en una situación de vulnerabilidad, evidencia los exigentes requisitos que dejan fuera de estas ayudas a un amplio número de consumidores que se consideran vulnerables. Este estudio forma parte del proyecto Consumidores y usuarios vulnerables ante los servicios financieros y grandes temas del consumo, subvencionado por el Ministerio de Consumo, para alcanzar una definición o concepto de consumidor vulnerable y analizar las diferentes causas de consumidores en riesgo de exclusión financiera, energética y de telecomunicaciones.