Las divisiones en el seno del Gobierno están tensando las negociaciones para revisar el salario mínimo interprofesional y amenazan con dilatar ya a partir del 2021 su posible subida. Trabajo se comprometió a que el SMI subiría y su intención es cerrar dicha actualización al alza antes de acabar este ejercicio. Este lunes a las cinco y media de la tarde está fijada una nueva reunión entre el equipo de Yolanda Díaz y los agentes sociales y coge fuerza la hipótesis de un incremento del 0,9%, igual que a funcionarios o pensionistas. No obstante, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha deslizado esta misma mañana que si no existe consenso en el diálogo social, una opción es "tomarse un tiempo" y retomar las negociaciones a partir del 2021.
En una semana de pugnas internas en el Gobierno, el salario mínimo se erige como otro foco de fricciones entre las dos almas que se sientan al Consejo de Ministros. Actualmente en 950 euros, la patronal se apoya en parte del Ejecutivo que compra su idea de que "ahora no es el momento" para subirlo. Y los sindicatos hacen piña con la otra, que sí considera necesaria una subida y pretende cerrarla antes de comenzar el 2021. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aprieta para tener un acuerdo en el seno del diálogo social antes de comerse las uvas y su equipo se sentará este lunes con patronal y sindicatos para tratar de alcanzar una cifra consensuada entre las partes.
"Sería muy preocupante que no pudiéramos subir nueve euros a los que menos ganan", ha declarado este lunes en los micrófonos de La Sexta antes de entrar a un acto del Consejo Económico y Social (CES). Esos nueve euros son una cifra de incremento muy cercana al 0,9%, el mismo porcentaje en el que han subido los sueldos de los funcionarios y las pensiones este 2020. Las conversaciones de esta tarde se moverán por esas coordenadas. Un incremento, tal como piden los sindicatos, aunque lejos de sus pretensiones; pero no muy elevado, para atraer a la patronal a un acuerdo, pues actualmente aboga por la congelación.
"Tomarse un tiempo"
La reunión de este lunes no será, presumiblemente, la última, pues las partes están lejos todavía de un entente. La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha deslizado la posibilidad de dilatar hasta el 2021 la revisión del salario mínimo si finalmente estas semanas la patronal no se suma a un acuerdo. "Si no hay acuerdo entre los agentes sociales a lo mejor lo que se nos está diciendo es que hay que tomarse tiempo y que esta decisión debe tomarse con la recuperación económica enfilada", ha afirmado este lunes en una entrevista en La Sexta.
Un comentario que ha despertado el rechazo en la bancada sindical, poco coincidente con la línea que suele defender Calviño. "Decir esto es tanto como otorgar derecho de veto a CEOE. ... El Gobierno debe promover el diálogo social, no ponerle palos en las ruedas", ha replicado el secretario general de CCOO, Unai Sordo; a través de su cuenta de Twitter. Entre las centrales existe preocupación porque la tesis de la congelación (o tomar la decisión ya bien entrado en el 2021) se acabe imponiendo en el seno del Consejo de Ministros. Y declaraciones como la de la otra vicepresidenta Carmen Calvo, no calman dicha preocupación. "No subiría el salario mínimo ahora", afirmó la semana pasada.
¿Fin del idilio en el diálogo social?
La principal baza que ha jugado Yolanda Díaz durante los últimos meses para hacer valer sus postulados en el Consejo de Ministros ha sido el acuerdo. Los postulados que ella defendía no eran suyos, sino de los agentes sociales. Ese ha sido el argumento con las cuatro renovaciones de los ertes, la nueva ley del teletrabajo o la anterior subida del salario mínimo. No obstante, la capacidad de Trabajo para trazar un nuevo entente con patronal y sindicatos vuelve a ponerse a prueba y Calviño mete el dedo en la llaga ante esas dificultades. "Si no hay acuerdo ... hay que tomarse un tiempo", ha afirmado. El 29 de diciembre está previsto el último Consejo de Ministros ordinario de este 2020 y las negociaciones, tanto entre el Gobierno y los agentes sociales, como dentro del Gobierno, siguen abiertas.
