A un año y once meses del hundimiento del puente Morandi de Génova, que provocó 43 muertos, el gobierno italiano estaba por decidir durante una reunión terminada en la madrugada de hoy, que la familia Benetton, primer accionista de Autopistas de Italia (Aspi), pierda la concesión gubernativa en el plazo máximo de un año. En su lugar entraría progresivamente la sociedad pública Cassa Depositi e Prestiti (CDP), que gestiona el ahorro postal de los italianos, la mayor caja fuerte del país.

Era la única solución para evitar la brusca anulación de la concesión de los 3.000 km de autopistas que en Italia gestiona Aspi (la mitad de las del país), con la consiguiente quiebra de Atlantia, que controla Aspi, y es a su vez controlada (30, 6%) por el grupo Edizione de la familia famosa por sus confecciones textiles. United Colors of Benetton es una marca conocida en todo el mundo, aunque es el ramo menos beneficioso para el grupo. La anulación habría comportado además el pago de una penal de parte del gobierno, o sea de los contribuyentes, de unos 23.000 millones de euros, según un informe de la abogacía del Estado.

Soslayada una quiebra forzada de al menos 19.000 millones, que además habría dejado en la calle a los 7.000 empleados de las varias sociedades, el gobierno muy dividido en su interior sobre la posible solución--, se orientaba por una intervención temporal de la sociedad. Se habría tratado del equivalente a una expropiación (la concesión termina en 2038), lo que habría acarreado un largo proceso de parte de Atlantia.

Mientras el pleno del consejo de ministros empezaba a reunirse a las once y media de la noche, a la medianoche llegó la última propuesta de Atlantia, cotizada en bolsa. El consejo se aplazó para estudiarla y prosiguió durante toda la noche, con el fin de tomar una decisión antes de la apertura de las bolsas, donde a causa de las especulaciones y la inactividad política este lunes el titulo perdió el 15%, equivalente a 1.700 millones de euros de capital. Según la mayoría de los observadores, la decisión final de esta madrugada será por ahora política, para concretarse económicamente y administrativamente en las próximas semanas.

Los Benetton tienen que salir de Autostrade!, dijeron los líderes del Movimiento 5 Estrellas (M5S), el expartido antimundialista, actualmente en el gobierno junto con los progresistas del Partido Demócrata (PD). Era el 14 de marzo de 2018, poco después de que el puente Morandi se hundiera, llevándose la vida y los coches de 43 personas. Desde entonces, el M5S ha mantenido la misma línea hasta la pasada semana, cuando frente al cataclismo empresarial y laboral que se prospectaba, aceptaron razonar con su socio en el gobierno, aunque sin soltar la prenda de que los Benetton debían salir del sector autopistas. A ellos se había añadido el primer ministro Giuseppe Conte, que transcurre su tiempo en mediaciones entre los dos socios que le apoyan. El Estado no puede ser socio de quien toma el pelo a los familiares de las víctimas, dijo el domingo pasado. Al día siguiente, tras entrevistarse con la canciller Angela Merkel, añadió: Si existen puentes y estos se hunden tenemos que saber sancionar a los responsables.

Además de las buenas relaciones de la familia de la región Véneto (Venecia) con todos los principales bancos, gobiernos anteriores y sociedades extranjeras, en el Ejecutivo actual cuentan con un cierto apoyo de los progresistas, lo que ha complicado la solución. Fuera del gobierno, la sociedad cuenta entre sus socios con un 7% de la alemana Allianz, un 5% de la china Silk Road, 40.000 accionistas de todo el mundo, la española Abertis y, tras un largo etcétera, 750 millones de euros procedentes de pequeños inversores. Por favores evidenciados por la prensa italiana, la sociedad de los Benetton en el pasado entró en Autogrill, Aeropuertos de Roma (Adr), en una tentativa anterior de rescate de Alitalia y otras empresas. Tengo curiosidad por saber como terminará, había dicho Merkel a Conte, en público.