Los sindicatos CCOO y UGT han planteado públicamente este jueves al Gobierno que apruebe una batería de medidas excepcionales para frenar la ola de despidos y extinciones de contrato acaecida desde el inicio del confinamiento. Una prohibición transitoria de los ceses, el encarecimiento de las indemnizaciones o condicionar las ayudas públicas a la salvaguarda del empleo son algunos de los instrumentos que han puesto sobre la mesa este jueves los secretarios generales de las centrales con representación mayoritaria. Pues para los datos de empleo que se harán públicos la semana que viene auguran unas cifras "sin precedentes". Los sindicatos también han insistido al Gobierno a que apruebe en la mayor brevedad subsidios extraordinarios para los colectivos hasta ahora excluidos de las medidas paliativas del Gobierno: trabajadoras del hogar, cuidadoras y desempleados sin prestación.

Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) han hecho públicas este jueves a través de una rueda de prensa virtual las medidas que ya trasladaron directamente al Gobierno en la reunión que mantuvieron por videoconferencia la semana pasada. "Estamos desilusionados y sorprendidos por la cantidad de despidos que está habiendo en nuestro país", ha afirmado Álvarez. "Estrujemos la ley para que esa vía se tape", ha apuntado Sordo. Las centrales han alertado de que, al margen de la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), muchas compañías están efectuando ceses y acelerando extinciones de contrato de trabajadores temporales.

Para frenar esa ola de destrucción de empleo, CCOO y UGT han instado al Gobierno a aprobar medidas extraordinarias en la mayor brevedad posible, es decir, ya sea en el Consejo de Ministros fechado para este viernes o para el del próximo martes. Pues, a pesar de que CCOO y UGT consensuaron con la CEOE y el Gobierno una agilización y amplia exención de cuotas para las empresas que optaran por un erte ante el coronavirus, muchas compañías están optando por la vía de la extinción definitiva de los contratos.

En ese sentido, las centrales proponen una moratoria de los despidos, similar a la que ha aprobado Italia. También ven una solución en encarecer las indemnizaciones en caso de cese o vencimiento de un contrato. Para dicho mecanismo Sordo ha hablado de 45 días por año trabajado y un pago mínimo equivalente al SMI, aunque ha reconocido que todavía no han trasladado una propuesta concreta al Ejecutivo. Los máximos representantes de CCOO y UGT también han planteado condicionar el acceso de las empresas a esos 200.000 millones de euros de ayudas anunciadas por el presidente del Gobierno a un compromiso de salvaguarda del empleo.

Extender con urgencia el "escudo social"

Mínima destrucción de empleo y cierres de empresas, así como rentas para transitar lo que dure la pandemia y sus derivadas. Este ha sido el esquema general que han dibujado los líderes de las centrales con representación mayoritaria. Y para ello, a parte de exigir al Gobierno mecanismos para frenar la extinción de contratos, han insistido en ampliar la cobertura de ese "escudo social" que anunció Sánchez la semana. Los colectivos implicados los enumeró el pasado lunes la vicepresidente económica, Nadia Calviño: trabajadoras del hogar, cuidadoras y parados sin derecho a prestación.

Para proteger a estos colectivos de la actual crisis, sobre la que los sindicatos asumen unas cifras de destrucción y suspensión de empleo “sin precedentes”, Sordo y Álvarez han instado al Gobierno a acelerar las medidas sobre las que ya está trabajando. Las mencionó, sin concretarlas, el pasado miércoles el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá: ingreso mínimo vital y subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar.