La última actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros, cerrada este miércoles por el Gobierno y los agentes sociales, ratifica a España como uno de los países ‘top’, en este sentido, de la Unión Europea.

La escalada de incrementos que ha experimentado esta cuantía en los últimos tres años no tiene precedentes en la Europa Occidental y ha provocado que el SMI español ascendiera de la tabla media a la parte alta. No obstante, persiste la incógnita sobre si dichos incrementos del SMI están consiguiendo o no reducir los índices de pobreza laboral.

Pese a que inicialmente la hipótesis de llegar a los 1.000 euros este año figuró entre las opciones del nuevo Ejecutivo, finalmente la cifra de los 950 euros para este 2020 no alcanzará los cuatro dígitos. Esos 1.000 euros hubieran coincidido con la cuantía mínima por convenio que tienen pactados la patronal y los sindicatos para este año. No obstante, ello no quita que la subida del SMI vaya a tener influencia en la negociación colectiva, según apunta el economista de Fedea, Floren Felgueroso.

Más allá de si subir el SMI crea o destruye empleo, enfoque en el que se ha centrado el debate hasta ahora, resta la incógnita sobre qué impacto está teniendo la evolución del SMI en la pobreza laboral. Es decir, como afecta a aquellos trabajadores que, pese a tener un empleo, no consiguen evitar estar en riesgo de exclusión social.

El Gobierno justificó que la última subida del SMI publicada en el BOE (a 900 euros) perseguía “prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico”. El porcentaje de trabajadores pobres en España era del 16,2% el pasado 2017, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo que entonces equivalía a tres millones de personas.