El nuevo impuesto a la banca que está estudiando el Gobierno de Pedro Sánchez, como el lunes adelantó este diario, se empezó a preparar en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El objetivo, entonces y ahora, era y es cerrar definitivamente el grifo de las ayudas públicas al sector financiero y que sean las propias entidades las que se hagan cargo de los nuevos agujeros a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). La ministra de Economía, Nadia Calviño, está estudiando elevar las aportaciones que los bancos deben hacer a dicho fondo, una posibilidad que ya comenzaron a analizar sus antecesores Luis De Guindos y Ramón Escolano por la vía de una derrama extraordinaria o una mayor tasa ordinaria (actualmente en el 1,8 por mil de los depósitos y cuentas a la vista).

En el Ejecutivo saliente, según fuentes del mismo, había preocupación por el posible impacto en el déficit público de la venta por parte del Sabadell y el BBVA al fondo buitre Cerberus de grandes carteras de inmuebles heredados de la CAM y Unnim, respectivamente. A cambio de hacerse cargo de estas dos entidades quebradas y nacionalizadas, los dos bancos recibieron la garantía en el 2011 (en época de Rodríguez Zapatero) y el 2012 (ya con Rajoy) de que el FGD asumiría el 80% de las pérdidas que provocasen los activos inmobiliarios tóxicos de aquellas cajas mediante un Esquema de Protección de Activos (EPA). El problema es que, al vender esos activos tóxicos en bloque, en lugar de ir afrontando las pérdidas de forma paulatina y año a año, el FGD se podía ver forzado a tener que asumirlas de golpe sin el patrimonio suficiente para ello, lo que obligaría a nuevas ayudas públicas.

PRESIÓN DEL BCE / Con cifras del cierre del 2017, el Fondo tiene un patrimonio de 1.990 millones de euros y todavía debe 3.241 millones al Sabadell y 1.249 millones al BBVA, después de haberles abonado 3.239 millones y 566 millones en los tres últimos años, respectivamente. En el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se temía por el impacto que los 4.490 millones aún por pagar podrían tener sobre el déficit público, ya que si el FGD no tenía suficientes recursos para compensar dichas pérdidas, estos tendrían que ser aportados por el conjunto de los contribuyentes a través del Tesoro. La preocupación era tal que desde el propio Gobierno del PP se intentó convencer a BBVA y a Sabadell para retrasar la venta de los activos a Cerberus en espera de que la progresiva recuperación del mercado y los precios inmobiliarios permitiera reducir el impacto de las pérdidas.

En el Ministerio de Economía también había preocupación por el impacto en el déficit y la Secretaria de Estado de Economía y el Tesoro estudiaban medidas para limitarlo, por ejemplo mediante la periodificación de los pagos del FGD. La intervención del Banco Central Europeo (BCE), que desde hace años presiona a la banca para que se deshaga de los activos tóxicos, fue la que terminó por empujar a los dos entidades a anunciar la venta de sus carteras inmobiliarias en noviembre del 2017 (BBVA) y julio del 2018 (Sabadell). El banco central se comprometió con el Gobierno a aceptar medidas que facilitasen que esas ventas no disparasen el déficit, pero a cambio quería que las operaciones saliesen adelante. Su objetivo es impulsar la creación de un FGD europeo, y para ello es necesario que los fondos nacionales estén saneados y sin cargas.

NEGOCIACIÓN CON PODEMOS / Tras la moción de censura a Mariano Rajoy y el acceso de Pedro Sánchez a la Moncloa en junio, la ministra Calviño heredó todos estos planes de su antecesor, Román Escolano. Tanto la titular de Economía como la de Hacienda, María Jesús Montero, han reconocido en entrevistas en este diario que el Ejecutivo está estudiando imponer a los bancos una aportación mayor al FGD para evitar que el Estado tenga que inyectar nuevas ayudas al sector financiero. Y aunque según fuentes oficiales no hay avances, el Gobierno sí ha puesto este propósito sobre la mesa de sus negociaciones presupuestarias con Unidos Podemos, según han confirmado fuentes de la formación morada.