El consorcio de empresas públicas y privadas españolas que construyó y actualmente explota el AVE La Meca-Medina ha formalizado y firmado este martes con Arabia Saudí su último acuerdo sobre este proyecto, uno de los mayores logrados en el exterior, el que alcanzaron el pasado mes de mayo para poner en marcha la línea.
Se trata de un "trámite formal", que aún estaba pendiente de cerrarse, según indicaron fuentes próximas al consorcio en referencia a la rúbrica.
La firma, entre el presidente del consorcio, Jorge Segrelles, y el ministro saudí de Transportes, Nabil bin Mohammed Al-Amoudi, ha tenido lugar en Riad con ocasión de un acto de presentación de los 25 grandes proyectos de energía e infraestructuras que Arabia prevé acometer con una inversión asociada de unos 50.000 millones de dólares (unos 43.600 millones de euros), y en el marco del 'Future Investment Initiative (FII)', también conocido como el 'Davos del Desierto'.
Polémica por las armas
No obstante, la firma coincide con el debate abierto y las votaciones en el Congreso sobre la eventual suspensión de ventas de armas a Arabia.
El documento firmado es el acuerdo que el consorcio español y Arabia alcanzaron el pasado mes de mayo para modificar el contrato original del AVE a La Meca y convenir su puesta en marcha.
En virtud de ese acuerdo se determinó que el AVE La Meca-Medina, de 450 kilómetros de longitud, comenzara a circular a comienzos de este mes octubre, si bien en una primera fase no lo hace a pleno rendimiento, sino a una velocidad inferior y con circulaciones sólo cuatro días a la semana.
El pacto fijó que el denominado 'AVE del Desierto' esté ya en servicio a pleno rendimiento, esto es, todos los días a la semana y a la velocidad de 300 kilómetros por hora para la que está diseñado dentro de un año, en septiembre de 2019.
Asimismo, el acuerdo estableció el pago de Arabia al consorcio español de 210 millones de euros para cubrir la prestación del servicio, además de otros 35 millones por los viajes de demostración y pruebas que se realizaron desde comienzos de año hasta la puesta en servicio comercial de la línea el pasado 11 de octubre.
El consorcio de empresas españolas que a finales de 2011 se alzó con este proyecto, estimado en 7.100 millones de euros, son las públicas Adif, Renfe e Ineco, y las privadas Talgo, OHL, Cobra (ACS), Indra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia e Inabensa.
