El turismo ha pasado de ser considerado una oportunidad de crecimiento para las ciudades a convertirse también en uno de los principales temores de los vecinos. En buena medida, debido al auge de las viviendas turísticas, que han expulsado a muchos residentes de los centros de sus ciudades. Un problema que tanto comunidades como ayuntamientos decidieron regular y que, ahora, el Gobierno prevé controlar con una rebaja de la mayoría necesaria para cambiar los estatutos de las comunidades de vecinos.

Las competencias en materia de ordenación turística corresponden a las autonomías y sobre urbanismo a los ayuntamientos, por lo que el Gobierno encontró como única salida para regular las viviendas turísticas echar mano de la definición de alquiler de temporada en la ley de arrendamientos urbanos (LAU) y ceder el protagonismo a los vecinos a través de la ley de propiedad horizontal (LPH). No obstante, y aunque ambas son competencia estatal, la ministra Reyes Maroto anunció el pasado julio que la modificación de estas leyes se haría con el consenso de todos los implicados: comunidades autónomas, municipios, asociaciones de vecinos, plataformas, hoteleros y sindicatos.

La primera reunión de todos estos agentes tuvo lugar ayer martes en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, en ella, los representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en presencia de Fomento, acordaron «por unanimidad» rebajar la mayoría necesaria para que las comunidades de vecinos puedan decidir si quieren o no viviendas turísticas, aunque no la cuantía.

«Todas las comunidades autónomas tienen interés en la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para cambiar la mayoría necesaria para la toma de decisiones de este tipo y de cualquier otro en las comunidades de vecinos», precisó la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, en un receso de la reunión, que se prolonga hasta hoy, cuando intervendrán Airbnb y la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT). Las autonomías tendrán siete días para proponer sus observaciones.

Actualmente, se necesita unanimidad para poder alquilar una vivienda turística en una finca, es decir, con que solo un vecino quiera alquilar su piso para uso turístico puede hacerlo, por lo que el Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas y a la FEMP cambiar la mayoría en la ley de propiedad horizontal a tres quintos de propietarios y cuotas de participación (metros cuadrados de superficie en propiedad). En caso de que saliera adelante esta propuesta, se enviaría a Fomento, que es quien tiene competencia para modificar ambas leyes (LAU y LPH) y, posteriormente, al Congreso.

ALQUILER TEMPORAL / El ministerio planteó modificar la LAU para «acotar» el término de alquiler de temporada, para establecer un límite que diferencie entre alquileres de corta estancia -un representante autonómico habló de 45 días- de los arrendamientos de la LAU, que fija tres años prorrogables, aunque este aspecto no ha encontrado consenso todavía, según Oliver.

En lo que seguro no se va a meter el Gobierno es en determinar si se pueden alquilar viviendas enteras o por habitaciones. «Eso lo dicen las comunidades autónomas porque es su competencia», agregó Oliver, quien ha dejado «muy claro» que «no va a haber una armonización» de las leyes a nivel nacional.

El Gobierno, además, ha propuesto la creación de un registro estatal único de viviendas de uso turístico como instrumento de control y regulación para que las comunidades autónomas verifiquen que las viviendas turísticas cumplen su normativa y que estará conectado con los ministerios de Interior y Hacienda, para así garantizar la seguridad y las obligaciones tributarias de los alquileres.

Oliver se reunirá el próximo octubre con el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, José María Marín Quemada, para trasladarle al regulador la opinión de las comunidades autónomas y ayuntamientos, a muchos de los cuales la CNMC ha llevado a los tribunales por su regulación turística, como es el caso de las ciudades de Madrid, San Sebastián o Bilbao.

MARCO LEGAL / Airbnb, la mayor plataforma de pisos y habitaciones turísticas de alquiler, ha reclamado un marco legal «claro» para realizar esta actividad.

Mediante un comunicado, la plataforma reclama que, si se hace una reforma legal, se respete la esencia de la economía colaborativa, y que distinga entre particulares y profesionales del turismo. Además, se ha mostrado partidaria de la creación de un registro central único de viviendas de uso turístico en España, tal y como plantea el Gobierno. Airbnb llevará estas ideas a la reunión de hoy en Madrid, entre empresas del sector y autonomías.