Varias de las empresas acusadas por la Inspección de Trabajo de emplear a miles de falsos autónomos en la industria cárnica a través de la cooperativa Servicarne presionan a los trabajadores para que sigan sometidos a ese régimen, a pesar de que la Administración laboral ha declarado ilegal esa práctica. Así lo ha denunciado ante el Ministerio de Trabajo la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato mayoritario de Galicia, que asegura que Servicarne amenaza a los trabajadores advirtiéndoles de que perderán sus empleos si no renuncian voluntariamente a la afiliación al régimen general de la Seguridad Social, en el que fueron inscritos tras la citada resolución.
En marzo, y tras varias denuncias de la CIG, la Inspección de Trabajo declaró ilegal la situación de varios centenares de empleados de las compañías Frigolouro, Coren y Novafrigsa, a los que se obligaba a darse de alta como autónomos y a afiliarse a Servicarne, a la que pagaban una cuota mensual de 50 euros, para trabajar. El fraude alcanzaba en España a unos 5.000 empleados, falsos autónomos de la cooperativa a través de sociedades gestoras de mataderos en todo el país.
Los afectados, al contrario que sus compañeros contratados como asalariados por cuenta ajena por las mismas empresas, debían pagarse las cotizaciones íntegras a la Seguridad Social, además de la ropa e instrumentos que empleaban en su trabajo y los correspondientes equipos de seguridad. De esa forma, su salario se veía reducido en casi un 40% con respecto a sus compañeros con contrato de trabajo. Tampoco contaban con las mismas condiciones laborales en cuestión de horarios, descansos y días de vacaciones.
Alta de oficio
Tras la resolución de Trabajo, que obligó a las empresas defraudadoras a recontratarlos con la antigüedad correspondiente y a devolverles las cuotas sociales que habían aportado como autónomos, la Seguridad Social procedió a darles de alta de oficio en su régimen general de cotización, con cargo a las empresas que los empleaban. Sin embargo, algunas compañías, según la denuncia de la CIG, volvieron a darles de baja casi de inmediato, como Frigolouro, firma de O Porriño (Vigo) dependiente de la ourensana Coren. Otras, como Cogal, los presionan para que firmen documentos en el que el afectado declara que renuncia a ese régimen de una forma voluntaria alegando que no mantienen relación laboral alguna con la empresa.
«No conocemos a ningún trabajador dispuesto a renunciar de forma voluntaria a sus derechos laborales, tal y como pretenden hacer creer estas empresas», asegura Xesús García, portavoz de la CIG. «Servicarne les está diciendo que si no firman, sencillamente, pierden su trabajo», añade. García subraya que la CIG ha procedido a interponer otra denuncia ante la Inspección de Trabajo.
Este diario ha intentado sin éxito obtener la versión de Coren y de Cogal. También de Servicarne, que hace dos meses, cuando trascendió la denuncia sindical, se limitó a colgar en su página web un comunicado en el que defendía la legalidad de su actuación y en el que amenazaba con acciones legales en defensa de su «honorabilidad y buen nombre» contra quienes vertieran «falsedades» contra la cooperativa.
Según García, la CIG tiene constancia de que las citadas sociedades han dado de baja en la Seguridad Social o amenazado a varios centenares de trabajadores en Galicia, a los que los servicios jurídicos del sindicato recomiendan que, a la espera de una nueva resolución, no renuncien a ninguno de los regímenes. Es decir, que se mantengan como autónomos para evitar que dejen de llamarlos para trabajar, pero que a la vez se nieguen a firmar los documentos de renuncia al régimen general.
Según la CIG, las prácticas de Servicarne, que cede mano de obra a industrias cárnicas de toda España, representan «la esclavitud del siglo XXI» para miles de personas empleadas en el sector.
