El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) envió a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada un total de 57 informes en los que se analizaban determinadas operaciones irregulares anteriores al 2010 cometidas por las entidades que recibieron ayudas públicas en el marco de la crisis financiera. Así consta en la memoria correspondiente al ejercicio 2017 del FROB, publicada este año por segunda vez con el propósito de «dotar de transparencia» a la actividad ordinaria del organismo, según informó ayer su presidente, Jaime Ponce. El FROB, que envió 10 de estos informes en marzo, reivindica así su papel relevante en la detección y análisis de operaciones que pudieran ser constitutivas de delito, realizadas en entidades de crédito receptoras de ayudas.

El Estado, a través del FROB, recuperó unos 5.900 millones hasta finales del 2017 de las ayudas a la banca, apenas el 10% de los más de 59.000 millones aportados a través de inyecciones de capital y garantías concedidas a los compradores. El dinero recuperado suma exactamente 5.911 millones, pero no incluye más de 2.122 millones obtenidos con la venta de acciones de Bankia, ni 535 millones abonados por la entidad en dividendos, ya que ese dinero se mantiene en BFA, la cabecera del grupo controlada íntegramente por el Estado.

Según la información actualizada por el FROB, las ayudas mediante compra de acciones, participaciones preferentes o emisiones de convertibles ascendían a 56.545 millones, a las que hay que sumar 2.491 millones en esquemas de protección de activos o garantías que blindan a los grupos que compraron las maltrechas entidades. La memoria también informa de que los planes de reestructuración de la mayoría de las entidades que recibieron apoyos públicos se cerraron en el 2017, quedando únicamente dos que concluyeron ya el pasado mes de abril. En todos los casos, las entidades han cumplido los compromisos asumidos.