Un descenso sin precedentes en 20 años. Pero, aun así, la deuda tributaria acumulada por Hacienda cerró el año pasado en 45.849 millones de euros, lo que supuso un descenso del 6,9%, una bajada no vista desde que se registran datos en 1997.

De todas formas sigue siendo un nivel muy elevado, ya que supone en torno al 4% del producto interior bruto (PIB) y que permitirá financiar dos veces el déficit del Estado hasta septiembre. Con todo, es menor que el del 2015, en el que significaba casi cinco euros de cada 100 de la riqueza total del país. La cota récord de deuda pendiente de cobrar se alcanzó en el 2014, con un total de 50.226 millones de euros.

La cantidad de deuda es similar a la que existía en el 2011, cuando ya se llevaban tres años de crisis, según se desprende de los datos de la Memoria de la Agencia Tributaria del 2016. La cifra pendiente por la vía ejecutiva cerró el año pasado en un total de 26.089,5 millones de euros, 2.200 millones menos que en el 2015. El resto, 19.759 millones, era deuda pendiente en periodo voluntario. En Hacienda destacan que el descenso se concentra en la parte en la que más puede hacer la Agencia Tributaria.

En todo caso, el año pasado se produjo una reducción sustancial de más de 3.423 millones en un solo ejercicio, que se atribuye a la estrategia de cobro exprés llevada a cabo por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Durante el ejercicio, se endurecieron los requisitos para solicitar moratorias y aplazamientos del pago de deudas. Y eso ha dado como resultado el recorte de los pasivos que se adeudan al fisco. La Agencia Tributaria afirma que durante el año pasado siguió apostando por «intensificar las actuaciones más cualificadas para la lucha contra el fraude en la fase recaudatoria».

Otra de las iniciativas para reforzar el cobro de deuda pendientes ha sido la investigación de movimientos financieros por parte de los deudores, según fuentes de la Agencia Tributaria. Además se aprobaron medidas como la extensión de los embargos a las cuentas bancarias en internet, que hasta entonces quedaban exentas o se movían en la ambigüedad legal. Así lo establecía una resolución de la dirección general de la Agencia Tributaria del 2015 que afectaba a los saldos depositados en cuentas a plazo y en imposiciones a plazo fijo en la red.

Fue uno de los últimos instrumentos de los que se dotó el fisco para poner coto a los morosos. Las medidas cautelares, que incluyen los embargos, fueron en el 2016 un total de 4.182, el 3,8% más que en el ejercicio precedente. Más de la mitad de estas actuaciones se desarrollaron en el marco de las nuevas herramientas que ofrece la ley antifraude del 2012, que entró en vigor después de un periodo de amnistía fiscal.También, con el objetivo de ampliar las posibilidades de cobro efectivo de la deuda liquidada, aumentaron los acuerdos de derivación de responsabilidad (derivación a terceros distintos del deudor principal), hasta alcanzar las 16.719 actuaciones, con un alza del 3,4% con respecto al ejercicio precedente.

APLAZAMIENTOS / En cuanto a medidas como los aplazamientos, más que en el número de los solicitados, que bajó de 1.670.066 en el 2015 a 1.662.242 en el 2016, se percibió diferencia en el importe total de los mismos, que pasó de 10.033,55 millones a 9.392,70 millones de euros. De las solicitudes recibidas, más del 98% correspondió a deudas inferiores a 30.000 euros, que suponen el 57% del importe total solicitado, casi siete puntos más que en el 2015.

Fuentes de Hacienda destacan que a pesar del endurecimiento, el peso de los aplazamientos concedidos sobre el total se incrementó hasta el 88,47%, dos puntos más que en el 2015; y en euros, en cuatro puntos más, hasta el 69,3%.