El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha desvelado este lunes que más de un millón de hogares tenían depósitos en el Banco Popular en el momento de su intervención exprés y venta al Santander, el pasado miércoles. La actuación de las autoridades, ha defendido en el Congreso de los Diputados, ha evitado que la entidad entrase en un proceso de concurso de acreedores ordinario que hubiera generado a estas familias "incertidumbre" ya que hubiera retrasado la recuperación de sus ahorros.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, el ministro ha defendido que los problemas del banco se han resuelto "de forma ágil y eficaz" y sin que afecte a la economía española gracias a que no se han concedido ayudas públicas y a que los depositantes no han sufrido quitas. Las pérdidas totales de su inversión sufridas por los 305.000 accionistas y a los propietarios de la deuda convertible y subordinada, ha alegado, se debe a la aplicación "estricta" de las normativas europeas, que busca preservar los recursos de los contribuyentes.

El ministro ha hecho un relato cronológico de la caída del Popular en los últimos años. Si bien no ha culpado directamente a los gestores de la entidad, sí ha deslizado algunas críticas sutiles. Así, ha destacado que la entidad tenía la morosidad más elevada del sector y unas coberturas para hacer frente a las pérdidas de las más bajas, lo que puede achacarse a su expresidente Ángel Ron. También ha subrayado, sin citarle directamente, que su sucesor, Emilio Saracho, anunció en abril que estaba estudiando vender la institución o ampliar capital, pero "no detalló un plan de actuaciones concretas".

SUCURSALES CERRADAS

Los problemas del banco y su errática estrategia, ha venido a concluir, provocó el pasado lunes que el Popular pidiera una línea de liquidez de emergencia al Banco Central Europeo (BCE), que a las tres de la tarde del martes había agotado sin poder solicitar más. El BCE, en consecuencia, le declaró inviable, y paralelamente el consejo del banco le envió una carta confirmándole esa situación de inviabilidad. "No hubiera podido abrir sus sucursales" el miércoles de no mediar la intervención y venta exprés, ha advertido.

Guindos ha relatado que, a mediados de mayo, las autoridades ya estaban preparando su intervención por si era necesaria. Así, contrataron a un asesor independiente que calculó que la entidad tenía un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones de euros. El sábado 3 de mayo, también antes de la intervención, se inició el proceso de venta. El martes, se ofreció a las cinco entidades que se habían mostrado interesadas en el proceso previo de venta impulsado por el propio Popular, y dos firmaron el acuerdo de confidencialidad para participar en la subasta.

El ministro, así, ha evitado afirmar que los dos presentaron ofertas. Fuentes del Gobierno aseguraron la semana pasada que dos entidades, el Santander y el BBVA, pujaron por el Popular, pero fuentes del banco presidido por Francisco González habían negado que finalmente presentaran una propuesta de compra.